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La página de un americano,  latino, uruguayo,  sanducero,  batllista y libertario  

Texto original del Sábado, 28 de Septiembre de 2002   Actualizado el Martes, 19 Abril 2005

 

Legislación y Actos que atentan contra las bases del Estado de Derecho (Sistema Democrático Representativo) en el Uruguay

Bases del Estado de Derecho

Base 1

respeto a los derechos humanos

Base 2

igualdad de derechos

Base 3

la fuente del poder es el pueblo

Base 4

distribución de poderes

 Base 5

responsabilidad de los gobernantes

 Base 6

régimen de derecho

 Base 7

justicia social

   La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el Libro Sagrado actual de la Humanidad al ser consentido por todos los pueblos del planeta.

   Las personalidades que contribuyeron a la  redacción de la Declaración Universal son las siguientes:

   Eleanor Roosevelt (Estados Unidos de América),

   René Cassin (Francia),

   Jiménez de Aréchaga, (Uruguay),

    Charles Malik (Líbano),

    Peng Chun Chang (China),

    Hernán Santa Cruz (Chile),

    Alexandre Bogomolov

   y Alexei Pavlov (Unión Soviética),

   Lord Dukeston Geoffrey Wilson (Reino Unido),

   William Hodgson (Australia)

 y John Humphrey (Canadá).

 Esta Declaración se complementa con los siguientes Pactos y Convenciones:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


Trabajo realizado en base a "Teoría del Gobierno" de Justino Jiménez de Aréchaga, Tomos I y II, FCU,. Mdeo 1974. Publicación patrocinada por los Dres. Arlas, Véscovi  y Tarigo.

 

Base 1. El sistema democrático representativo es un régimen para hombres libres. Reconoce que todos los individuos están dotados de ciertos derechos fundamentales, inherentes a su condición humana, que el Estado no solamente tiene el deber de respetar (por lo que constituyen un límite a su poder), sino que tiene el deber de proteger y asegurar progresivamente, mediante actos progresivos.

El Estado debe respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (ONU, París, 1948); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (OEA, Bogotá, 10 de diciembre 1948);  Convención Americana sobre los Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"  Costa Rica,  el 22 de noviembre de 1969,  Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura Cartagena de Indias, Colombia,  el 9 de diciembre de 1985 y la legislación internacional.

Actos que atentan a la Base 1:

a) privación de libertad sin las garantías del debido proceso legal ante tribunales permanentes e imparciales

b) violación del principio "nullíus crimen, nulla poena sine previa lege"

c) creación de tribunales de excepción o sometimiento de civiles a la justicia militar, fuera del caso de guerra

d) imposición de la previa censura, fuera de los casos de excepción previstos por una Constitución democrática,

e) instalación de campos de concentración u otras formas de tratamientos inhumanos, aún para delincuentes comunes

f) privación del derecho de defensa en el juicio penal,

g) censura de la correspondencia o de las comunicaciones privadas

h) violación del derecho a la intimidad

i) imposición de medidas lesivas o deshonrosas para determinadas personas ó  grupos de personas,

j) restricciones a la libertad de religión o de cultos, directas o indirectas

k) negación del derecho a la libertad de enseñanza o de investigación científica

l) persecución a los sindicatos, o sustitución de la libertad de sindicalización por sindicatos oficiales.

Base 2. El sistema democrático representativo es un régimen fundado en la igualdad de derechos de todos los individuos.

Actos que atentan a la Base 2:

a) legislación discriminatoria por razones de raza, sexo, condición económica o social, opinión política

b) segregación racial en las funciones públicas, profesiones, actividades privadas, instituciones de enseñanza, centros de asistencia de la salud, espectáculos públicos, etc

c) mantenimiento de la mujer en una condición social, jurídica ó política de inferioridad

d) adopción de medidas que supongan cualquier forma de tratamiento diferencial en función de opiniones políticas, tales como exclusión de funciones públicas, otorgamiento de beneficios especiales a los afiliados a determinados partidos o movimiento, etc

Base 3. El sistema democrático representativo es un régimen que reconoce que la fuente de todo el poder político está en el pueblo.

Actos que atentan a la Base 3:

a) suspensión, revocación o desconocimiento, por acto de fuerza, de una Constitución establecida por el voto popular

b) establecimiento de gobernantes "de facto" en sustitución de los legítimamente electos

c) licenciamientos de las Cámaras por procedimientos extraconstitucionales,

g) revocación o sustitución de jueces o tribunales por procedimientos extraconstitucionales

e) toda medida tendiente a restringir la libertad de constitución, fusión, transformación, o coalición de partidos

f) obstrucción de la propaganda política, especialmente a través de los grandes medios de comunicación de masas, (prensa, radio, televisión, asambleas públicas

g) privación del libre acceso a la información sobre asuntos de interés público o sobre la gestión gubernativa o administrativa

h) mantenimiento de gobernantes en el poder vencido su período de elección

i) suspensión de elecciones sin fundamento constitucional

Base 4. El sistema democrático  representativo es un régimen de distribución de poderes entre diversos centros de autoridad que se equilibran recíprocamente.

Actos que atentan a la Base 4:

a) concentración de la autoridad política en sólo centro de autoridad, o subordinación de los diversos centros de poder a un centro supremo

b) eliminación o enervación de los métodos de control de un poder sobre otro (pedidos de informes, interpelaciones, comisiones parlamentarias de investigación, juicio político, contralor judicial sobre la regularidad jurídica de los actos administrativos, recursos ante la justicia contra los actos irregulares de la administración, contralor judicial sobre la constitucionalidad de las leyes, recurso de amparo, etc)

c) suspensión, supresión o desconocimiento de las inmunidades o fueros de los legisladores

d) suspensión, supresión o desconocimiento de los fueros de los magistrados judiciales

Base 5. El sistema democrático representativo es un régimen que implica la responsabilidad de los gobernantes por todos sus actos.

a) toda medida que significa la supresión, suspensión o paralización de los procedimientos destinados a hacer efectivas las responsabilidades en que hayan incurrido los gobernantes o funcionarios

b) establecimiento del principio de irresponsabilidad para determinados gobernantes o funcionarios

Base 6. El sistema democrático representativo es un régimen de derecho.

Actos que atentan a la Base 6:

a) deliberado desconocimiento del texto constitucional por los legisladores ó de las leyes por los administradores y jueces

b) supresión ó enervación de los sistemas de contralor de constitucionalidad de las leyes, o de la legalidad de los actos administrativos

Base 7. El sistema democrático representativo es un régimen de justicia social.

a) política de favorecimiento de toda forma de agresión económica, ya provenga del interior o del exterior del estado

b) establecimiento o mantenimiento -ya sea por omisión voluntaria o por solidaridad con fuerzas económicas o sociales de explotación-  de condiciones de infraconsumo, de injusta retribución del trabajo, de indefensión para las clases económicamente menos favorecidas, de falta de protección adecuada para las víctimas de los infortunios del trabajo o de la salud

c) inadecuada atención -en relación con la capacidad económica del país- de las necesidades económicas, sociales y culturales de la población.

principales restricciones al sistema democrático representativo en el Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el Código del Proceso Penal (violatorio de la Constitución) autoriza la privación de libertad sin debido proceso y sin pruebas controladas por la Defensa, véase Sentencia 219, en audiencias no públicas y sin presencia del imputado ni su Defensor,

  sobreseimiento vinculante de los fiscales (arts. 68 y 235 y ss. del Código del Proceso Penal 7 julio 1980 Dictador Aparicio Méndez)  obligatorio al Juez: el Poder Ejecutivo Nacional se juzga a sí mismo puesto que los fiscales son "un cuerpo técnico - administrativo jerarquizado al Poder Ejecutivo" artículo 1 Ley 15.365 Orgánica del Ministerio Público y Fiscal", 30 de diciembre 1982 Dictador Gregorio Álvarez.

los ciudadanos carecen del derecho a querellar por violaciones a sus derechos humanos; (artículo 10 Ley 15.032 Ley del Dictador Méndez)

censura gubernamental sobre la prensa utilizando fondos de publicidad de empresas públicas, concesiones de frecuencias de radio y televisión discrecionales del poder político, "apriete" a concesionarios, Sarkis, Guichón, FM Cordialidad; despido periodistas;

 

régimen de reclusión carcelaria similar a campos de concentración,

 

Código Penal vigente con concepciones fascistas de preguerra, mayores mínimos a delitos contra la propiedad que contra la vida, legislación penal posterior en leyes de otras materias, delitos genéricos de peligro y delitos de acto,

Código del Proceso Penal violatorio del "Pacto de San José de Costa Rica", el nuevo CPP (Ley 16.893 de 16 de diciembre de 1997) con vigencia suspendida sine die

utilización de la delación anónima y la existencia de pesquisas policiales secretas, 

restricción del derecho de reunión al sindicalismo organizado

altas tasas de delitos económicos vinculados al narcolavado y crímenes sin aclarar impunes; véase Cronología de la Corrupción de Andrés Alsina,

restricciones de facto  a la libertad de sindicalización, utilización de fondos públicos en los sindicatos

 

derecho a la salud restringido por servicios caros monopólicos, altamente gravados por el Estado, ineficiencia de los servicios públicos, intereses corporativos privados,

delitos de contaminación de cursos de agua por servicios públicos (OSE-Río Uruguay)

derecho a la alimentación restringidos por alta carga impositiva estatal, IVA 14% alimentación básica, IVA 23% alimentación variada, vestimenta y demás servicios, más 3% COFIS,

 

derechos de accesos a los servicios públicos restringidos por ineficiencia de empresas públicas monopólicos, OSE Saneamiento cobra pero no lo presta, UTE energía eléctrica de las más caras de la región, ANCAP combustibles de los más caros de la región,

exclusión de las funciones públicas de la disidencia política,

  derecho a la justicia restringido gravemente porque los representantes de la sociedad (fiscales) dependen del poder político, del gobierno,  archivaron notorios casos de corrupción gubernamental

 

 

derecho a que los tributos e impuestos sean establecidos por sus representantes restringido por impuestos en tarifas de servicios públicos sin aprobación parlamentaria, y restringidos por cláusulas de indexación automática en el presupuesto estatal usados por las camarillas del privilegio

el derecho a la Información restringido por la burocracia estatal, secreto administrativo casi absoluto, hay avances (caso Alsina Thevenet - Peri Valdez), habeas data por aprobarse en el Parlamento,

 

 

los ciudadanos no son elegibles para cargos públicos electivos (Constitución 1996 Disposición Transitoria W, 3º literal d)).

sistema de partidos cooptados y  aherrojados, listas "únicas" y "sábanas" conformadas por precandidatos presidenciales, (ídem)

  secreto administrativo sobre destino de fondos públicos tanto en la Administración Central como de los fondos de retiros públicos (BPS), Tribunal de Cuentas sin capacidad de sancionar corruptelas,

 

los ministros del Poder Ejecutivo en los hechos no necesitan el respaldo parlamentario;  el Gobierno evita referéndum revocatorios de leyes,

 

los legisladores departamentales carecen de fueros, legisladores nacionales pueden ser arrestados,

leyes violatorias de la Constitución convalidadas por el Poder Legislativo,

no existe legislado e instrumentado el derecho de información de los ciudadanos sobre fondos públicos

pedidos de captura solicitados por jueces extranjeros en casos de derechos humanos "dilatados" por el Gobierno con notoria violación de Tratados Internacionales, 

 

 

 

  el Poder Ejecutivo maneja el Poder Judicial al reservarse la impulsión en el proceso penal y  el monopolio de la acusación pública a través de sus fiscales elegidos por el poder político, 

el Poder Ejecutivo aumentó su predominio absoluto sobre los demás poderes por medio de la vigencia de la nueva Constitución de 1996, levantamiento de veto a leyes necesita mayorías muy especiales,

fallo de Tribunales de Apelación que eximieron de responsabilidad a Ministro de Gobierno (caso Stern) aún comprobada la corrupción, alegando tecnicismos procedimentales, (hay avances: Suprema Corte revocó fallo de Tribunal Apelaciones que consagraba la tesis de la irresponsabilidad judicial de los gobernantes defendida por el Fiscal de Corte Peri Valdez.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impunidad en los hechos de los ex gobernantes al estar la impulsión del proceso penal en manos del gobierno, 

 

 

 

 

irresponsabilidad en los hechos no sólo de los ex gobernantes electivos sino de la estructura estatal por doble vía: el continuado secreto administrativo y la impulsión del proceso penal reservada al Poder Ejecutivo,

 

 

 

 

continuada violación a las leyes de regulación de la actuación financiera y presupuestal del Estado al no tener poder sancionatorio las observaciones por ilegalidad del Tribunal de Cuentas ni la Auditoria General de la Nación,

 

 

falta de colaboración de los fiscales y jueces en las solicitudes de la justicia regional para levantar el secreto bancario, Justicia Uruguaya denunciada por falta de colaboración, Caso Fiscal Lanusse, Argentina,

  tributación confiscatoria de los sectores más pobres de la sociedad en favor de camarillas del privilegio,

derechos de los niños y los jóvenes afectados por excesivo endeudamiento externo futuro, sujetos pasivos de totalidad de la deuda interna del sistema, (214% PBI),  sin haberla contraído,

confiscación de hasta los 2/3 de sus ahorros jubilatorios en beneficios de los beneficiarios sistémicos, (jubilaciones de privilegios obtenidas por cooptación),

intentos de legislación confiscatoria de ahorros jubilatorios de menores de 40 años en beneficio del BPS, entidad confiscatoria de sus ahorros,

no pueden votar ni ser representados para ello ni por sus padres, ni por el de su guarda, ni por apoderado, pero sí son pagadores de la deuda interna y externa, (explotación generacional),

a pesar que el 75% del Gasto Estatal está destinado al Gasto Social, los dos percentiles más bajos de la sociedad son los que más aportan en impuestos y los que menos reciben atención, recursos absorbidos por clientelismo corrupto,

El protección del régimen a su prensa servil

LA FÓRMULA DE LA IMPUNIDAD. "Sr. Juez: En opinión de la suscrita la presente denuncia no cumple con los requisitos indispensable exigidos por los artículos 34 y 35 de la Ley 16.099 por lo cual podrá la Sede  -de estimarlo pertinente-  rechazar de plano la misma por los conceptos contemplados en el inciso 1º del artículo 35 mencionado. Paysandú, 9/11/2000. Graciela Peraza Furlán. Fiscal Letrado Departamental".

"Paysandú, 10 noviembre de 2000. Atento a que no ha cumplido las formalidades previstas en el artículo 35 de la Ley 16.099, (ilegible) a lo dispuesto por el artículo 35 del mismo cuerpo normativo, rechácese la denuncia presentada. Huberto Álvarez. Juez Letrado". El mencionado artículo dice: "Artículo 35. (Sustanciación de la denuncia). Recibida la denuncia el Juzgado podrá rechazarla de plano, en razón de evidente falta de fundamento, desviación de los fines del proceso o defecto formal". "Ley 16.099.- Díctanse (sic) normas referentes a expresión, opinión y difusión, en comunicaciones e informaciones, consagradas por la Constitución de la República".

Esta denuncia contra el diario "El Telégrafo" de Paysandú por haber publicado que el autor de esta página había "golpeado en el vientre a su concubina para provocarle un aborto"  (acción demostradamente falsa en juicio penal)  fue rechazada por la Fiscal y el Juez "in limine" con lo que los delitos de "difamación" y "atentado contra un representante popular" electo por el pueblo quedaron impunes. La crónica difamatoria fue elaborada por la Oficina de Prensa de la Jefatura de Policía al mando del Sub Comisario Aguirre  y complementada con un "reportaje" de una periodista, en la leyenda urbana, su amante.. El Sub Comisario,  tiempo después,  según el mismo diario y fuentes judiciales,  se suicidó. La Dictadura Civil uruguaya protege a su prensa servil y el Director,  encubierto, obediente,  iniciático,  seguirá difamando a los representantes populares que no le votan Ordenanzas Municipales "a medida". Al no existir querella penal de parte se queda indefenso ante la violación a los derechos humanos. Verá el lector con que clase de derechos humanos contamos los uruguayos. Y no le deseo que lo compruebe por experiencia propia, por cierto. La experiencia ajena y la teoría le debe bastar.

En la Sesión 73 Nº 212 - TOMO 386 de 10 DE DICIEMBRE DE 1997, DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA 73ª SESION ORDINARIA bajo la Presidencia del Dr. HUGO BATALLA en el punto 12) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar varios Fiscales Letrados  por moción del señor Senador Sanabria, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata. Luego, el Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar (...) a la doctora Graciela María Peraza Furlán, para ocupar el cargo vacante de Fiscal Letrado Departamental de Rivera de 1er. Turno, con la asistencia de los senadores por el Partido Colorado  Hierro López, Millor,  Sanabria, Fernández Faingold, entre otros. FALTA sin aviso, el señor Senador Batlle.(Ibáñez). Nota: En 1997 era Presidente Sanguinetti y tanto el mocionante como los demás Senadores mencionados pertenecían a su grupo político el "Foro Batllista" (Sanguinettista).

Auto sobreseimiento 

 El "Observador" de Montevideo informó el 26 de octubre de 2000 que "El fiscal del Crimen, Enrique Moller, solicitó ayer el archivo de la investigación por presunta violación de correspondencia y supuesto abuso de funciones contra el Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, dijeron a El Observador fuentes vinculadas al caso. El magistrado entendió que no existen elementos de convicción suficientes para solicitar el procesamiento del número uno del Ministerio Público, quien fue denunciado a través de la Suprema Corte de Justicia por la jueza de Maldonado, Fanny Canessa. La magistrada declaró que Peri violó correspondencia que iba dirigida a ella". ¿Y la ejemplaridad tan mentada?.

cuando nos juzga la convicción de los hombres la verdad se muere

convicción

(lat. -ictione)

f. Convencimiento.

2 f. pl. Idea religiosa, ética o política a la que uno está fuertemente adherido.

Sentencia 219/2000. Tribunal Apelaciones Penal 1º Ministro Redactor Jorge Ruibal Pino, Milka Núñez y Eduardo Lombardi: "Como se ha dicho en innumerables ocasiones, para movilizar un proceso penal, sólo es necesario que se constate la ocurrencia de un hecho con apariencia delictiva y la participación en él del enjuiciado. Es lo que dispone el articulo 125 del Código del Proceso Penal y lo mismo que con otro giro gramatical, imponía el viejo Código de Instrucción Criminal. Un hecho pues con apariencia delictiva y elemento suficientes de juicio, que generen convicción que el indagado fue protagonista del mismo".

El Maestro olvidado

La lección olvidada

"El punto esencial de la legislación consiste en saber colocar bien la potestad de juzgar, pero en ninguna mano podrá hallarse peor que en las de aquél que tiene ya el Poder Ejecutivo", decía Montesquieu.

El sistema de valoración de la prueba llamado de "convicción moral" del Juez introducido por el Código del Proceso Penal (Ley 15.032 Dictadura Méndez) para el procesamiento es totalitario.

principio de la intervención mínima

"Las características de un Estado de Derecho, como el nuestro, pueden esquematizarse en torno a cuatro puntos fundamentales, a saber 1) el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, 2) la separación tripartita de poderes, 3) la legalidad de la actuación de la administración, ya sea por la regulación legal de su gestión, ya a través del control jurisdiccional de la misma, y,  4) el sistema de derechos y garantías fundamentales de raigambre constitucional, no sólo en cuanto a las garantías formales plasmadas en distintos textos normativos, sino y muy especialmente, a través de la realidad material de su consagración y respeto. El principio de la intervención mínima significa , como su propia formulación lo indica, que el Estado interviene sólo en última instancia con este mecanismo regulador de la vida en sociedad que es el derecho penal. Por eso se ha puntualizado hace ya tiempo, que es la última ratio, la más enérgica manifestación del poder etático, que debe aplicarse sólo y exclusivamente ante ataques de real gravedad contra el conglomerado social, en asuntos en que se vulneren principios básicos del sistema y sólo en tanto y en cuanto sea estrictamente necesario y en los casos en los que ya no es posible echar mano a otro instrumento menos drástico, es decir, cuando no queda ningún otro proveimiento que tomar de índole civil o administrativo"."Límites del Poder Sancionador en un Estado Democrático"  Dr. Miguel Langón Cuñarro, La Justicia Uruguaya 29, T. LXXXIX, T.89, 1984. Estos son los dichos, loables, pero la realidad muestra un Estado Policial donde somos gobernados por la convicción que algunos hombres tienen acerca de lo que la ley dice, y no somos gobernados por las leyes y la "inflación penal" contra la cual se expresaba este autor -que se da en la realidad de Paysandú y el Uruguay-  desmiente tristemente el principio de la intervención mínima, estando los habitantes sometidos a un continuo disciplinamiento social mientras las camarillas mafiosas del gran delito actúan impunes apoyadas por alguna prensa y el principio básico de la realidad de que el Estado Uruguayo no se investiga  -y mucho menos se juzga y condena- a sí mismo.

            Corte Interamericana de Derechos Humanos  Competencia de Derechos Humanos Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga   http://www.corteidh.or.cr/competencia/presentacion.htm

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