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Viernes 02 noviembre 2001, no publicado en la prensa

Informe al Presidente y al Partido Colorado.

"Paysandú, noviembre 2, 2001.

Señor Secretario General del Partido Colorado Paysandú.

Arq. Walter Belvisi.

De mi mayor consideración.

Acerco a Usted un trabajo para que lo considere y entere de su contenido al Señor Secretario General del Partido y al Señor Presidente de la República dada la grave situación nacional.

La situación actual y la necesidad de una Reforma Constitucional

Durante la última década del siglo pasado, desde 1989 hasta el presente, sucedió en Uruguay la mayor confiscación estatal realizada sobre el patrimonio del sector privado y sobre los ingresos de los ciudadanos todos que se tenga memoria. Revertir esta continuada violación de los derechos humanos y evitar que nuestro hogar se transforme en un “pequeño país corrupto” debe ser el imperativo de la hora de todos y de todos juntos.

A pesar del reconocimiento del derecho de propiedad que realiza el artículo 7º de la Constitución y la declaración de “inviolable” de este derecho que realiza el art. 32, mediante el mecanismo del atraso cambiario calculado según dudosos índices oficiales el Estado Uruguayo revalorizó artificiosamente -anticientíficamente- su moneda y aumentó la presión impositivas al triple. Sólo del patrimonio invertido en el campo uruguayo confiscó más de 17.000: millones de dólares en la década. A los productores que tenían una vaca en 1989 hoy les queda la cuarta parte. El comercio presta plata para que cada vez más desempleados compren bienes y el Estado gasta a cuenta de lo que producirán los uruguayos del 2026 en adelante.

En el Uruguay se dieron dos mecanismos institucionales nefastos que posibilitaron esta desmesurada expropiación: los padres no pueden votar por sus hijos menores de 18 años con lo cual la tercera parte de los uruguayos carecen de poder electoral para defender sus intereses contra otras generaciones más baquianas en el voto y el nulo poder político del interior del país, el centro de la producción exportable del país.

La Reforma Constitucional de 1989 entregó a los privilegiados la Seguridad Social mediante el abuso de corruptelas conocidas: se calcula que más del 18% de los jubilados en el Uruguay gana más de u$s 2.300 dólares mensuales; son casi cien mil personas que se llevan u$s 2.000: millones de dólares anuales, mas que todos los jubilados de ingresos medios. Con estos costos aumentados por el privilegio el Banco de Previsión Social gasta dos de cada tres pesos que el Estado recauda y de tener que seguir pagando estas erogaciones de miles de dólares se le tendrá que entregar el producido de la venta de las empresas públicas porque ya no quedarán contribuyentes que puedan financiar tal exacción. Un país que paga 66% de su presupuesto, un 20% de su PBI -el total de lo que produce por año- ó es un país que hace veinte años estuvo poblado por nueve millones de personas con un PBI de U$S 100.000: millones ó hay que concluir que el sistema de retiros es una estafa para la población económicamente activa y las nuevas generaciones.

La contracara del saqueo es conocida: 400.000 uruguayos no quisieron pagar estos privilegios con sus impuestos y se fueron en los últimos diez años, pero con ellos se fueron 40.000: millones de dólares que le costó al país criarlos y formarlos, casi lo que vale el total de bienes económicos existentes en el territorio, pero más alarmante aún es que los dos millones de uruguayos y sus descendientes que se encuentran en el exterior producen más que los que restamos aquí.

En síntesis: se fue un Uruguay por no querer mantener a los privilegiados vernáculos y ese que se fue produce más que el que se quedó.

Estas formas de explotación generacional y ultimación económica de compatriotas son posibilitadas por un verdadero autoritarismo económico y político que se institucionalizó en la gaullista Reforma Constitucional de 1996 y en la continuada vigencia de leyes antidemocráticas como el Código del Proceso Penal, eje represivo de la Dictadura Militar; tanto como por la dependencia absoluta que la prensa tiene con los fondos estatales. La reciente censura a declaraciones sobre narcolavado de quien podría llegar a ser la futura Presidente de Argentina denunciadas por la Asociación de la Prensa Uruguaya son muestras elocuentes del grado de implicación que la plaza financiera tiene con la gran corrupción regional.

El sistema económico va contramarcha de la receta de la prosperidad en el mundo actual: las tasas de interés son usurarias, el costo de la energía es caro y no existe casi innovación tecnológica. Todo se puede producir en este país pero nada es rentable al mediano plazo.

El sistema político no puede resistir a la usura expropiadora y un Presidente amenazado por la corrupción no defiende a su pueblo: aumentar los impuestos que pagan los que menos tienen para seguir llenando los bolsillos del saqueo es toda una confesión de impotencia y vacío de poder.

De seguir en esta exacción el privilegio morderá su cola y hará colapsar al Estado en menos de doce meses debido a la baja continua de la recaudación: la abundancia de dólares limpios y de los otros en el sistema financiero debido a la protección del secreto bancario es nada más que un espejismo que conforma a los oficialistas de turno.

Es imperativo oponerse a estas confiscaciones del futuro que realizan las camarillas del privilegio y retornar a la democracia tradicional uruguaya mediante una Reforma Constitucional que haga realmente eficientes los mecanismos para defender los derechos humanos; que baje el costo de la política; que sea realmente representativo el sistema; que impida que la plata negra siga financiando cúpulas políticas; con una justicia fuerte, digna e independiente; que cese el monopolio de la acusación pública hoy en manos de políticos; que los fiscales sean electos por el pueblo; que los padres puedan representar electoralmente a sus hijos; que los más pobres no paguen impuestos a las camarillas del privilegio; que nadie se apropie de los frutos del trabajo ajeno y que no se pague a los privilegiados con desnutrición infantil, con ignorancia planificada y con la expulsión de los mejores.

Las medidas de urgente aplicación son: dolarizar unilateralmente a $ 18 por dólar para aumentar la competitividad externa y bajar los costos estatales en un 30%; la Tesorería deberá pagar en dólares USA los sueldos y beneficios sociales hasta $ 5.000 a los efectos de promover liquidez y reactivación dura e inmediata, lo superior a esa cifra pagarlo en pesos uruguayos a manera de colchón cambiario; bajar el IVA al 15% y generalizarlo, financiando esta rebaja con reestructura del pago anual de los intereses de la deuda externa y venta de acciones (ó debentures garantizados con bienes específicos) de todas las empresas públicas cotizables en Bolsa hasta un 10% del patrimonio; y bajar la tasa de interés de las actividades productivas al 9% en dólares, considerándose usura la que rebase el 15%.

Si no se desmontan los mecanismos por los cuales la Patria Financiera y la Patria Usurera obtiene tan ilegítimas ganancias la tasa de interés seguirá devorando al capital invertido en actividades productivas y hará colapsar al Estado por asfixia en la recaudación de Tesorería. Es imprescindible comprender que nos enfrentamos al suicidio electoral del Partido si estas medidas no son tomadas todas juntas y de una.

Saluda a Usted muy atte.

Dr. Gustavo Elizondo

Convencional y Miembro del Comité Ejecutivo Departamental Partido Colorado Paysandú.

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