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"La siniestra candidatura de Santos sólo ha de ser impuesta por la turba de forajidos constituídos en mazorca;  no ha de triunfar sino por la imposición, el saqueo y la matanza. (...) Asaltaron el poder por el fraude y la traición, y en él se mantienen por el terror del atentado".

Don José Batlle y Ordóñez sobre la Dictadura Santos, en 1881.

La página de un americano,  latino, uruguayo,  sanducero,  batllista y libertario

 

apelación en la causa Lesiones

Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Cuarto Turno de Paysandú.

Dr. ... , compareciendo en calidad de Defensor designado en autos caratulados “Elizondo Viñoly, Edison Gustavo. Lesiones Personales dolosas. Ficha S Nº 26/2000, al Señor Juez digo:

Que vengo a interponer los recursos de reposición, nulidad y apelación contra la Sentencia Nº 22 de 11 de marzo de 2002 que condena a mi defendido por el delito que le fuese imputado en base a las siguientes consideraciones de hecho y fundamentos de derecho:

a.           Antecedentes de mi defendido. El imputado en la causa era, al momento de la  detención Legislador Departamental titular de banca electo período 15 de febrero de 1995 a 12 de julio de 2000; Doctor en Derecho y Ciencias Sociales Matrícula 4266; había cursado la carrera de Licenciado en Psicología en la Escuela Universitaria de Psicología, y nunca, hasta el antecedente de los autos S/67/1999, había tenido antecedentes policiales. Dirigente político por su Partido desde que fuera electo Convencional Nacional 1982 – 1984 ocupó cargos en el Comité Ejecutivo Departamental por Montevideo y por Paysandú. Pero ni su calidad de autoridad democrática electiva en un Estado de Derecho, ni su calidad de Letrado detuvo al a quo para detenerse siquiera a considerar cuestiones prejudiciales, artículo 52 del CPP, como su apartamiento del proceso después de haber sido criticado en la Junta Departamental en el tema “Homicidios sin aclarar en el Departamento de Paysandú”, -apartamiento que sí verificó el 30 de marzo de 2000 en los autos P/141/2000-, ni exigir a los funcionarios policiales actuantes mayor rigor en los hechos que mi defendido considera “provocación de la instancia por la autoridad” y que se analizarán seguidamente. Los Ediles tienen fueros e inmunidades, -garantías para el ejercicio de su cargo-:  la justicia no puede inhabilitarlos para el cargo, sólo podrán ser removidos por dos tercios de votos del Senado de la República en los casos del artículo 93 de la Constitución; en estos autos al decretarse prisión preventiva se impidió el ejercicio de una función electiva que por Constitución está reservada al Senado previa acusación: hubo una notoria violación de sus fueros parlamentarios por lo que se dirá, y ésta cuestión no fue planteada por su Defensor lo que funda la nulidad por indefensión que aquí se alega. Asimismo su calidad de Letrado es amparada por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado el La Habana entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 1.990 que aprobó los Principios Básicos sobre la función de los abogados. Contiene un principio básico general: la protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona puede invocar; ya sea económicas, sociales y culturales o civiles y políticos, requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente”, y dispone que “los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogados y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”. En el capítulo garantías para el ejercicio de la profesión se establece que los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan ejercer todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. Establece el instrumento que nos ocupa que “los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo”. (II Congreso Internacional Derechos y Garantías en el S. XXI, 25, 26 y 27 de Abril 2001. Ponencia Nº 39 Carlos Alberto López de Belva "La Independencia del Poder Judicial y de los Abogados: un derecho humano” http://www.aaba.org.ar/ ).

b.           En autos “Elizondo Viñoly, Edison Gustavo. Traumatismo. Ficha S/67/1999” Fiscal Martha González, Juez Huberto Alvarez donde fuera condenado al pago de 20 UR  por un delito de Traumatismo contra un funcionario policial – Julio Oscar Serrano Cerfoglio, subordinado del Comisario Morales, al tiempo Director de Seguridad de la Jefatura de Policía de Paysandú-, luego de ser lesionado por funcionarios policiales en dependencias de la Seccional 1ª de Policía, delito impune al presente aún, (fs. 56). Mi defendido, en su carácter de Legislador había mocionado reiteradamente en la Junta Departamental en temas de Derechos Humanos de los detenidos, lesiones provocadas por funcionarios policiales impunes, 12 marzo 1995, Caso “Block”, y "Homicidios sin Aclarar en el Departamento", ganándose obviamente la inquina del corporativismo, pero cumpliendo con su obligación funcional, Ley 9.515 Orgánica Municipal en su remisión a la Sección Segunda de la Constitución. El 6 de diciembre de 1999 mi defendido mociona “Facultar a la Mesa a entrevistarse con la Suprema Corte de Justicia y el Señor Ministro del Interior sobre el tema Seguridad Pública y Jurídica” lo cual le gana la inquina del Comando Policial y del Jefe de Policía, adversario político. Todas las persecuciones sufridas en el ejercicio de su función mi defendido los denunció en autos “P/141/2000. Elizondo Viñoly. Denuncia.” archivados por la Fiscalía dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.

c.            Mi defendido sostiene que existió –debido a este contexto de persecución-  una provocación de la instancia por la autoridad (fs. 9 “por parte de personal de ésta se concurre a la finca” ... “la que accedió a acompañar a los policías actuantes, por lo que es conducida al  local de ésta Dirección, quien bajo acta adjunta radica denuncia de agresión y lesiones...”). Los funcionarios de la Dirección de Investigaciones al mando del Comisario Nelson Sandro y Sub Comisario Aguirre –jurados adversarios de mi defendido y denunciados por éste por pesquisas secretas en P/141/2000- fueron a buscar a la luego denunciante al departamento que habitaba mi defendido en ausencia de éste y en horas de la noche, y la convencen de instar. El a quo no tomó en consideración este abuso de funciones y la nocturnidad del procedimiento en violación del artículo 11 de la Constitución y la confesión en documento público de este abuso: “En base a esto a la hora 21:00, personal de ésta (Dirección de Investigaciones) concurre a la finca ubicada en la calle Bolívar Nº 1452, lugar donde reside Gustavo Elizondo VIGNOLI (sic)”.

d.           La denunciante había ingresado con daño al domicilio de mi defendido, tal como lo denunció en la declaración indagatoria, y ni la Fiscalía ni el a quo investigaron éste hecho que fue constatado por el Sub Comisario Aguirre. Este delito de daño quedó impune.

e.            Mi defendido fue detenido con violación al Artículo 119 del CPP   (Formalidades de la orden de detención). (...) La orden de detención se extenderá por escrito, contendrá todos los datos que puedan aportarse para la identificación del requerido y el hecho que se le atribuye. Llevará la fecha en que se expide y será suscrita por el Juez proveyente y el Actuario. En caso de emergencia, el Juez podrá impartir la orden verbalmente, dejando constancia en autos, bajo pena de nulidad. La detención se efectuará del modo que menos perjudique a la persona y reputación del detenido.” El a quo dispuso verbalmente que fuese conducido a la Sede, pero fue arrestado en un humillante procedimiento policial en horas de la madrugada con más de siete móviles y más de treinta efectivos y no existe en autos la constancia que requiere este artículo bajo pena de nulidad.

f.             Mi defendido fue incomunicado por 48 horas. sin orden judicial, en violación del Artículo 124 del CPP.

g.           Mi defendido estuvo en indefensión ya que las audiencias probatorias se realizaron sin asistencia del imputado ni del Defensor. El Código del Proceso Penal con vigencia suspendida debe tenerse por la doctrina más admitida. Y en ese sentido la Ley 17.221 dispone “b) Artículo 14.- Sustituyese el artículo 124 del Código del Proceso Penal (Ley Nº 16.893, de 16 de diciembre de 1997), por el siguiente: "ARTICULO 124. (Presidencia y asistencia).-  124.1.- Las audiencias serán presididas por el Tribunal, por sí mismo bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional.
  124.2.- Las audiencias de debate se celebrarán con la presencia del Juez, del Ministerio Público, del Defensor y del imputado. La ausencia de cualesquiera de ellos aparejará la nulidad de la audiencia, la cual viciará a los ulteriores actos del proceso y será causa de responsabilidad funcional de los dos primeros y del Defensor de Oficio, según corresponda".

h.           Mi defendido fue acusado de (fs. 9) “agresión y lesiones, (...), “como también que el mismo tiene a dos chicas menores de edad de nombres L. M. y D. F. a quienes hace trabajar en la prostitución en su beneficio”. Tales delitos, conjuntamente con los cargos por drogas, no fueron probados en autos pero la denunciante no fue responsabilizada de esta simulación.

i.             A fs. 10 el Comisario Sandro le informa al a quo que Baez “tiene conocimiento (...) que L. M. trabaja para Elizondo ejerciendo la prostitución junto a otra menor de edad”. Pero indagada Baez en la Sede (fs. 20) conoce a Elizondo de vista y no sabe nada. Mabel Machín  en la Sede “No sé, yo he visto que ellas salgan con hombres y se vayan pero no sé si lo hacen por plata o nó”. En la Dirección de Investigaciones Baez dice una cosa, en la Sede ante el a quo Baez no dice nada. Es obvio que las testigos notoriamente fueron presionadas por los funcionarios policiales, más dada la calidad de hermana de un funcionario policial de esa Dirección como Baez, circunstancia que no declaró.

j.             Las testigos de la acusación son prostitutas clandestinas y –a excepción de la denunciante- menores de edad. D. F., 16 años, (fs.7) “íbamos a moteles (...) me pagaban pesos uruguayos 400”, “Respecto a los golpes nunca ví que él le pegara a ella”, “Nunca la ví marcada” “Nunca lo ví drogándose, ni comprando droga ni nunca me la ofreció” (fs. 18); declaraciones que le costaron una agresión de la denunciante en plena Sede habiendo de concurrir la emergencia móvil, hecho que no está –como otros- registrado en autos; L. P. M. C., 15 años, quien testimonia que mi defendido “no le permitió el ingreso pero ésta (la denunciante) entró de cualquier manera” (fs.11) “cobrando nosotras entre doscientos y doscientos cincuenta pesos uruguayos” (ídem). La única testigo mayor de edad (23) testigo Gladis Karina Marisco Correa, tía de la denunciante, “sé por mi madre que Elizondo ya la ha golpeado otras veces” pero no declara conocer a Elizondo ni de vista. Esta testigo de oídas debe ser tachada absolutamente. La abuela de la denunciante, (56) María Julia Correa, tampoco es testigo presencial y tiene vínculos familiares con la denunciante y con el Sub. Comisario Aguirre de la Dirección de Investigaciones, debiéndosela tener como testigo sospechosa, artículo 157 del CGP. La última testigo de la Fiscalía, A. I. M. R., brasileña de 15 años, a pesar que “jamás vivió en el apartamento y sólo fui dos veces” (fs. 39), relata que “llegó ebrio como todas las noches, Gustavo le pegó...” lo cual no deja de ser un milagro perceptivo el no estar en un lugar pero testimoniar qué sucede en ese lugar todas las noches ó la simple incoherencia de quien es presionada a testimoniar por funcionarios policiales que sabían de su actividad de prostitución clandestina. Esta audiencia debe ser anulada por no estar el Defensor ni el imputado, y en razón de su propia incoherencia.

k.           Estos autos carecen de testigos necesarios: a pesar que mi defendido vivía en una casa de apartamentos ninguno de ellos fue convocado por la Sede a declarar. Ni la testigo M. L. V. V. que vivía arriba del departamento de Elizondo y si los hechos sucedieron y en la noche era más probable que testimoniara una vecina del lugar del hecho que la abuela y tía de la denunciante que vivían a varios kilómetros; tampoco fue convocada la otra vecina que tenía una peluquería a pocos metros del lugar de los supuestos hechos, tampoco fue convoca la otra vecina, la Dra. P., quien vivía con su familia pegado al apartamento de mi defendido y si ocurrieron los hechos era más necesario su testimonio que el de alguien que viviera en Buenos Aires como Karina Marsico; tampoco fueron convocadas madre e hija vecinas de la casa de enfrente, quienes habían ayudado a entrar a la denunciante por la fuerza al domicilio de mi defendido; pero todos estos testigos necesarios del lugar del hecho fueron interrogados por el Sub Comisario Aguirre al momento de realizar el allanamiento del domicilio pero ninguno fue convocado a la Sede y no lo fueron porque testimoniaban en contra de la denunciante, todo lo cual afirma la poca seriedad y el carácter persecutorio de esta causa; y explica porqué la denunciante eligió ante quien denunciar.

l.             Esta causa carece de evidencias logradas en la escena de los hechos. A pesar de la extraordinaria violencia relatada por la denunciante nada se rompió, ni quedaron marcas en las paredes ni mechones de pelo, a pesar de decirse “concubina” lo acusa de proxeneta; a pesar de afirmar que convive con mi defendido nadie del vecindario es testigo ni de dicha convivencia ni de los golpes; nada:  ella era reiteradamente golpeada y aunque el “dueño de casa no le permitió el ingreso pero ésta (la denunciante) entró de cualquier manera” en horas previas a presentar la instancia. Los allanamientos no consignan bienes de la denunciante en el lugar de su supuesta “convivencia” y es la propia  Sede la que no le cree y la desaloja (fs. 48), lo que hace insostenible la hipótesis de la Fiscalía de la “concubina embaraza”.

m.         La denunciante declaró estar embarazada de mi defendido pero a la fecha, trascurridos más de dos años,  nunca probó tal circunstancia, debiéndose reputar que la denunciante mintió manifiestamente sobre tal hecho y sólo fue una escenificación. Esto es gravísimo y el Tribunal de alzada debe ordenar la persecución jurídica de la denunciante por el delito previsto por el artículo 109 del Código Penal.

n.           La denunciante era “compañera” de prostitutas y ella misma prostituta y son éstas las que declaran sobre los golpes, no sus vecinas como era de prever. Después de declarar reiteradamente en autos su amor por mi defendido lo acusa de los peores delitos y nunca más se sabe de ella, ni se molesta en probar la paternidad alegada y se va del país. Entonces la hipótesis de la representante del Poder Ejecutivo y del a quo no se sostiene. Y surge con fuerza la hipótesis de que fue contratada para escenificar, simular delitos a cuenta de otros.

o.           En síntesis, la inexistencia de semiplena prueba como lo requiere la Constitución. En autos no existe más del cincuenta por ciento de la evidencia como para fundar un procesamiento y muchos menos la plena prueba. Ésta se logra no sólo con prostitutas menores de edad presionadas, también se requiere de los testigos necesarios y de evidencia física, de la cual carecen estos autos. Pero también de un mínimun de realismo psicológico en la conducta de la denunciante, y la única evidencia sicológica es la de alguien que hizo un mandado por cuenta ajena y después desapareció de la ciudad.

p.           Jurisprudencia sobre la credibilidad de la prostituta. El Tribunal de Apelaciones en el Caso “Milán” integrado por los Ministros Alfredo Gómez Tedeschi,® Dardo Preza y Carlos Mata., en sentencia de 25 de octubre de 1995 el Tribunal de Apelaciones revocó la condena pronunciada por el juez, considerando que no se había "obtenido prueba plena habilitante de una sentencia de condena": a) sobre la calidad de prostituta de la denunciante: "entiende el Tribunal que la plataforma probatoria que maneja el sentenciante se centra en los dichos de la denunciante, cuya credibilidad es puesta en duda por los propios antecedentes de la deponente". "A ese respecto expresa en su voto el señor ministro Alfredo Gómez Tedeschi: `Me parece absolutamente increíble que una persona que tiene la osadía de decir 'si no fueran corruptos yo no hubiera salido del país', cuando ella misma confiesa haber cometido un cohecho respecto de otro funcionario policial y haber declarado en Italia a favor de un proxeneta para salvarlo de la imputación de homicidio, mintiendo también cuando se le interrogó respecto al momento en que se inició en el ejercicio de la prostitución, se le pueda conferir fe a sus declaraciones ". b) sobre hechos no indagados: "Surge prima facie a fojas 52 que la denunciante habría cometido un delito de falsificación documentaria, pero respecto a la indagatoria de dicho extremo nada se dispuso".

q.           En autos la denunciante eligió ante quien instar. Según testimonio de la testigo de la Fiscalía la menor L P M C a fs. 11 “estando en esos momentos el mencionado Elizondo, llegando la mencionada  Correa, al parecer con intención de quedarse, pero el dueño de casa no le permitió el ingreso, pero ésta de igual manera entró, comenzando una discusión entre ellos, a lo que le restamos importancia y continuamos limpiando, en un momento dado Elizondo salió a realizar unas compras y Correa llamó a los “milicos” (se refiere a personal policial de la Seccional Primera de la Dirección de Seguridad), los cuales concurrieron y ella les dijo que había dos intrusas, lo decía por nosotras (se refiere a la también menor D M F S, y que Elizondo le había pegado, estando ella con uno de sus ojos hinchado y morado, al serle solicitado si firmaba la denuncia ella dijo que no, que lo quería demasiado, por lo que los milicos le dijeron si les estaba tomando el pelo, ya que anteriormente había pasado lo mismo...(y continúa). ¿Porqué la denunciante no realizó la instancia ante personal de la Seccional Primera a pesar de que ella misma los llamó a las cinco de la tarde del teléfono del domicilio de mi defendido y sí realiza la instancia ante personal de la Dirección de Investigaciones horas más tarde en la noche?.  Si el realismo psicológico no autoriza la hipótesis de la “concubina embarazada” ya que tiene que llamar a la policía para desalojar a sus propias amigas a las que califica de “intrusas” esta sangre fría premeditada de la denunciante al elegir ante qué autoridad denunciar indica la posibilidad de un concierto previo ó planificación que el Tribunal no debe desconocer. Esa forma de “querer demasiado” de la denunciante se transforma tan sólo cuatro horas más tarde en acusaciones gravísimas contra su “amado”. Si se relaciona esta premeditada elección ante quien instar de la denunciante con su desaparición posterior de la ciudad luego de lograda la prisión de su “amado concubino” y “estando embarazada de él”, según sus dichos, y la posterior evitación a probar tal  circunstancia, todo ello revela que la causa como sostuvo mi defendido fue armada en su contra para lograr su proscripción política con la ayuda de medios de difusión que lo acusaron de lesionar al feto en el vientre de su madre publicado en el Diario “El Telégrafo” del cual era periodista el Sub Comisario Aguirre.

r.            El daño sufrido por mi defendido fue desproporcionado a la entidad del ilícito imputado. A consecuencia de la difamación sufrida por  el Diario “El Telégrafo” denunciada conforme a la Ley 16.099 por mi defendido pero archivada por la Fiscalía, mi defendido quedó proscrito políticamente interrumpiéndose su carrera política y sufriendo daños morales, profesionales y económicos, en síntesis una violación masiva no sólo a sus derechos básicos sino una grave lesión al sistema democrático de gobierno que debiera proteger a los soportes de los órganos republicanos de las persecuciones. Pero sus adversarios se beneficiaron: el matutino “El Telégrafo” logró la extensión de la Ordenanza  Casablanca, uno de los negocios de su Director; las sociedades anónimas co denunciadas por mi defendido con el Senado de la República lograron la aprobación de sus cuestionados fraccionamiento inmobiliarios; y la denunciante de “desocupada” (fs. 12) realizó continuos viajes al exterior, y funcionarios policiales denunciados por “Lesiones” en autos P/67/1999, “Atentado” y “Difamación” en autos P/141/2000 por mi defendido fueron ascendidos al archivar la Fiscalía –representante del Poder Ejecutivo Nacional- estas denuncias y al estar prohibido por el régimen jurídico uruguayo la querella criminal de parte y la posibilidad de que el incriminado –Letrado o no- se defienda a sí mismo, instituto violatorios del Pacto de San José de Costa Rica. Las siguientes disposiciones de éste Pacto obligatorio para el Estado Uruguayo han sido restringidas en autos: artículo 8 Garantías Judiciales, d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos

s.            Tanto la Sede como la Acusación consideran creíble los dichos de una “desocupada” (fs. 12) en tanto que elaboran una  “poco creíble” versión de los hechos de mi defendido. No sólo el juicio de un Juez ni de una Fiscal bastan para dudar de los dichos de una autoridad democráticamente electa a la cual la Constitución de la República les inhibe para separar de su cargo. Estos autos representan un ataque a la investidura de mi defendido sin ninguna plataforma fácticamente obtenida de fundamento objetivo.

t.             La agravante de abuso de fuerza es irreal dado que la denunciante sabía artes marciales, judo, y el Defensor al no interrogar no probó éste extremo. Pero debe tenerse presente que mi defendido no es un profesional del uso de la fuerza física, sino alguien con formación intelectual. Integrante de un cuerpo deliberativo colegiado durante cinco años, lugar donde se traban en ardorosas discusiones, mi defendido nunca recurrió a la fuerza física, pero allí no llegó el celo del a quo para averiguar antecedentes, sino que se tuvo a los solos dichos de la denunciante de profesión confesa “desocupada”.

Por todo expuesto, y de conformidad con el artículo 251, siguientes y concordantes del Código del Proceso Penal, del Señor Juez solicito:

1.     Que se me tenga por presentado con los recursos incoados.

2.     Que se confiera traslado.

3.     Que, en definitiva, se eleven estos obrados para ante el Tribunal que corresponda para que éste revoque la Sentencia Nº 22 de autos, acogiendo la nulidad por indefensión alegada, violación a los fueros,  la nulidad de la prueba acusatoria agregada al no haberse recabado con las garantías del debido proceso y la notoria insuficiencia e irregularidad del procedimiento al estar basada la prueba de cargo en los solos dichos de la denunciante, en testigos sospechosos artículo 157 del Código General del Proceso, no haberse recabado la prueba de testigos necesarios y la ausencia de evidencia física del lugar de los hechos. 

La Fiscalía no elevó esta apelación al Tribunal por "extemporánea", y tampoco la contestó.

 

¿atentar impunemente?

Atentar contra la Constitución y seguir impune.

Stirling y Viera, la fórmula de la derrota colorada en las elecciones 2004, junto a Belvisi y Molinelli, dirigentes sanguinetistas de Paysandú, colaboracionistas de la Dictadura Militar 1973 - 1985, uno como Consejero de Estado e Intendente Interventor. Para ellos no existe el  Artículo 330.de la Constitución de la República "El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación."

El delito de "Atentado a la Constitución" tiene una pena de penitenciaría máxima constitucional, (treinta años)  y un término de prescripción de veinte años, por lo que el término vence el próximo 1 de marzo del 2005.

 

 

 

 

 

 

 

justicia partidocrátiva I

"En cuanto a la prueba testimonial recabada en autos, si bien es cierto que no existió ningún testigo presencial en el momento en que el encausado golpeó a la ..." reconoce la Fiscal Letrado Boragno Delfino en la Causa Lesiones S/26/2000 de Penal 4° de Paysandú, fs.59 y ss . Aún sin contar con ninguna prueba de cargo igual pide el procesamiento para desagraviar a la "concubina" en su "hogar", a pesar que era una prostituta que entró rompiendo una ventana al "bulín" de un soltero que vivía y se domiciliaba en la casa de su madre. La Fiscal Boragno Delfino hizo el mandado, sin pruebas, pero igual procesó. Así. No se preocupó por un delito continuado de "Atentado a la Constitución" -público y notorio- entre otros que cometen los caudillos de la partidocracia.

En el Diario de Sesiones del Senado, Sesión Nº 11 - TOMO 366 de  5 DE ABRIL DE 1995 bajo la Presidencia del Dr. Hugo Batalla, por moción de la Senadora Susana Dalmás (Frente Amplio Asamblea Uruguay Astori (Obispo en Paysandú)) se aprobó la venia para designar a la "Doctora Sandra Boragno Delfino; del Chuy", como Fiscal Letrado Departamental estando presente los Senadores Batlle Ibáñez , Hierro López, Fernández Faingold, entre otros, por el Partido Colorado.

 

 

 

 

 

 

 

justicia partidocrátiva II

La testigo menor de 16 años D.M.F:S. fue brutalmente agredida por la denunciante R.A.C.A. en plena Sede Penal, por lo que la menor amenazó con tirarse de una ventana de un cuarto piso para defenderse y hubo de llamarse a los médicos para controlarla. A fs. 49 del S/26/2000 de Penal 4° Paysandú luce un "Informe Médico" de SIET del 9 de febrero del 2000 a la hora 12.30 certificando que en el Juzgado la menor padeció una "crisis nerviosa" debido a "una situación stresante" (los golpes, empujones, tiradas al piso y agarradas de pelo empleando sus conocimiento de judo) de la prostituta contratada por las mafias y "obediencias" de Paysandú para fabricar una causa penal en mi contra): "Angustiada", con "crisis de histeria"  y sigue el extenso dictamen. Ni el inexcusado Juez Otto Gómez Borro, ni la sierva partidócrata Fiscal Sandra Boragno Delfino, ni el larrañaguista Defensor Martín Etchebarne, ni el imperioso Sub - Comisario Carlos Delmiro Aguirre y ni la "bandita" de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura Belvisista Molinellista de Paysandú cuyo Jefe era Podchibiakin hicieran nada.

Más lejos llegó la  Fiscal Sandra Boragno Delfino quien pidió al Juez "testimonio" de las declaraciones de la menor "rebelde" para agregarlo al Expediente M/74/99 DMFS "Su Situación", en resumen, para vengarse.

¿Que provocaba este ensañamiento contra la menor DMFS?. Sencillo, la menor dijo la verdad: "Nunca ví que él le pegara a ella", "antes de que ella me robara ropa", "Nunca la ví marcada", "Nunca lo ví ni drogándose ni comprando droga y nunca me la ofreció". Por eso la mafia que me encarceló tenía que "cascarla", (golpearla), ahí mismo, en la Sede Penal y la encargada de cascarla no fue otra que la misma funcionaria policial de hecho contratada que me denunció. El colmo estuvo en que la Fiscal la cita como testigo de cargo, en vez de testigo de descargo. Las mafias no se andan con chiquitas, las cascan y las citan a su favor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justicia partidocrátiva III

"Teniendo presente la personalidad del encausado, la naturaleza y circunstancias del evento acaecido, la actitud tomada por el indiciado en el proceso quien no colaboró en la instrucción permaneciendo en la negativa de los hechos incriminados..." y luego pide seis meses de prisión. La Fiscal del régimen (Presidencia saliente Julio María Sanguinetti Coirolo) se enoja y computa como agravante el que yo reiteradamente me hubiera negado a admitir el hecho, tal como presionaba la policía belvisista. Esto es propio de regímenes totalitarios computar como agravante la negativa a confesar un hecho ¿Donde queda el principio de no auto incriminación?, (artículo 8° 2. "g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable," del Pacto de San José de Costa Rica). La Fiscal Sandra Boragno Delfino se levantó esa mañana leyendo el diario "El Telégrafo" de Paysandú, dirigido por Fernando Baccaro, también del "Grupo Obediencia  Itálica", donde la policía belvisista informaba a la población que "Edil colorado golpeó en el vientre a su concubina para provocarle un aborto", y no podía probar ni esta afirmación porque la ecografía desmentía a la denunciante, y tampoco el ojo negro que portaba la "víctima", entonces procesó, como fuera pero procesó, sin pruebas, sin confesión, sin nada, igual procesó. Habría que recordarle a la Fiscal del régimen, -y a otros también-,  que a esta tierra llegaron todos nuestros antepasados para escapar de la esclavitud y de la opresión de Europa, y no para reeditar aquí, en esta tierra de libertad, aquel infierno de miseria y tiranía, que vivieron nuestros tatarabuelos. Y los que escaparon de Mussolini debieran recordarlo más aún en homenaje a las víctimas de los crematorios de la República de Saló.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Cartagena de Indias, Colombia, 9 de diciembre de 1985, ratificada por Uruguay el 11 de noviembre de 1992.

Artículo 1. Los Estados Partes se obligan a prevenir y sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se infrinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico ó angustia psíquica. (...).

Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura:

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

b. las personas que a instigación  de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

Artículo 4. El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justicia partidocrátiva IV

Con la firma de los Doctores Juan A. Mariño Charlone, Presidente; Raúl Alonso De Marco, Milton H. Cairoli Martínez, Gervasio E. Guillot y Roberto Jorge Parga Lista, Ministro; la Suprema Corte de Justicia, en el Expediente C/N° 157/2000 de fecha 15 de setiembre de ese año, resuelve, conforme al articulo 140 de la Ley 15.750, "Decrétase la suspensión del Dr. Edison Gustavo Elizondo Viñoly en el ejercicio de la profesión de Abogado", luego de oír al Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez, quien recomendó tal temperamento, masón e integrante del Foro Sanguinettista, véase Auto Sobreseimiento.y luego de haberles sido remitidos los autos por el Juez que me procesó Otto Gómez Borro, el de las gruesas omisiones del "Crimen del Hincha", véase LOS HOMICIDIOS SIN ACLARAR EN PAYSANDÚ. 

¿Porqué suspender en el ejercicio de la profesión a alguien que hacía más de diez años no la ejercía, tal como aclaré en el Expediente administrativo?. Porque la gerontocracia partidaria de Batlle Ibáñez, Sanguinetti Coirolo y sus operadores Hierro López, Belvisi, Millor, Molinelli, Verri, Oberti, (itálicos, no?), además de vengarse de la derrota en Paysandú en el plebiscito por la Reforma Constitucional de 1996, estaban previniendo una impugnación ante instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos y su Corte Interamericana de Derechos Humanos, del texto autoritario y violatorio de los derechos humanos de la Constitución monárquica de 1996. Un abogado suspendido "por un delito común" resultaría menos creíble, de ahí el armado de la causa y la suspensión, ¿Miedo a la materia gris?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justicia partidocrátiva V

El Informe Pericial Psiquiátrico a fs. 70 del S/26/2000 de Penal 4° Paysandú, insólitamente solicitado por la Defensa (?), dictamina que el encausado tiene "múltiples antecedentes psiquiátricos", con una "enfermedad previa", con un "stress psicosocial severo" y un "pronóstico malo" firmada por el Dr. Gustavo Curbelo, notoriamente enfrentado conmigo en el tema "Proyecto de Descentralización de ASSE",  tratado en Sesión de fecha 26 de octubre de 1995, Acta Nº 550 de la Junta Departamental de Paysandú, quien no se excusa.-a pesar de estar en conflicto de intereses- de intervenir. Curbelo -ex de la Vertiente Artiguista de Arana, EP FA- hizo méritos: integró el Belvisismo siendo nombrado Director, Gerente y luego Sub Director del Hospital local. Debido a supuestas irregularidades, trascendió por la prensa un sumario iniciado en el Ministerio de Salud Pública en su contra, además de una des gremialización impuesta por la Asociación de Médicos del Interior por noventa días, lo que no le impidió integrar el grupo político del Prosecretario de la Presidencia Batlle Ibáñez Dr. Leonardo Costa, con el cual lograron 1.480 votos, 1.7% de los habilitados para votar en el Departamento en octubre de 2004. Los otros 98 sanduceros de cada cien se perdieron la oportunidad de votarlos. Lástima grande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justicia partidocrátiva VI

Luego que la Fiscal del régimen, Sandra Boragno Delfino; pidiera el procesamiento, pero no la prisión, se lee: "En este estado se confiere traslado a la Defensa que manifiesta: Señor Juez Se solicita se disponga por la Sede la realización de pericia psiquiátrica del encausado, a cargo del Psiquiatra Forense, (...) El informe médico psiquiátrico solicitado se basa en que es de conocimiento de la Defensa que mi defendido padece alcoholismo y es tratado con psicofármacos que podrían provocar trastornos en su conducta". 

No aclara la Defensa cómo llegó a su conocimiento el consumo de alcohol y psicofármacos y quien era el supuesto psiquiatra que "me trataba", debiera haberlo hecho, salvo que hubiera sido inventado, exigido por mujeres despechadas, varias, y por el imperioso Sub Comisario Aguirre, a nombre de los "italianos" a quienes un Edil Departamental tres veces legitimado en su cargo por el pueblo perjudicaba en sus "negocios" de fraccionamientos, de apoderarse de empresas mediante "golpes de estado" mientras no se pagan acciones fundadoras a sus accionistas, de inundar su ciudad para generar energía eléctrica.

Tampoco va a aclarar como se termina siendo abogado contratado por la Intendencia Municipal de la Administración Jorge Washington Larrañaga Fraga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.

Artículo 14. Derecho de Rectificación ó Respuesta.

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor con favor se paga

"Batlle firmo resolución para que el Estado adquiera Casa Blanca"

 Antes "El Telégrafo" era el vocero de la Dictadura Militar y de su Intendente Interventor Arquitecto Walter María Belvisi Bottino, -"reo de lesa Nación" conforme Constitución- después le prestó servicios de difamación a la gerontocracia colorada Batlle Ibáñez / Sanguinetti Coirolo / Belvisi Molinelli. Los Fiscales del régimen protegen a su prensa y desestimaron mi denuncia por "Difamación" conforme a la Ley 15.099. Fernando Baccaro -Directore de "El Telégrafo"- hace lobby para Frigorífico Casa Blanca Sociedad Anónima (FRICASA, -dueño del abasto de carne a la ciudad) logrando que la Junta Departamental le aprobara dos fraccionamientos y que Jorge Luis Batlle Ibáñez le prestara plata a los vecinos para que le compren a Fricasa la casa donde han estado viviendo desde siempre.¿Eso de venderle la casa a sus propios dueños es buen negocio?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

después de usar, favor deshacerse.

Peri Valdez: respaldado por el ex-Presidente Julio María Sanguinetti, ex Consejero de Estado Walter M. Belvisi, Diputado Molinelli y el Senador Larrañaga fue finalmente "decapitado".

Peri Valdez, Oscar Darío,  frater y personaje siniestro del régimen,  Fiscal de Corte y jefe de los Fiscales del Gobierno, quien fue designado y respaldado por el ex-Presidente Julio María Sanguinetti Coirolo, y por el  ex Consejero de Estado Walter María Belvisi, el Diputado Molinelli y el Senador Jorge Washington Larrañaga Fraga. fue finalmente "decapitado" por su jerarca funcional máximo, el Presidente Jorge Luis Batlle Ibáñez, por "exceso de poder", siguiéndosele varios sumarios administrativos para luego ser imputado penalmente. Los "cortesanos del régimen" -y especialmente las "Obediencias"- usaban de su jerarquía sobre los demás Fiscales de Gobierno para realizar sus persecuciones políticas, como le sucedió al autor de esta página.

TODOS LOS DELITOS DENUNCIADOS POR MI PARTE CONTINÚAN IMPUNES.