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Actualización 29 de Mayo de 2002 18:53:

El Código del Proceso Penal y las Brujas de Salem

Salem es una ciudad situada en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Salem se colonizó por primera vez en 1626. Los famosos juicios por brujería, que se saldaron con la ejecución de 20 personas, se llevaron a cabo en 1692. La comunidad, más tarde, creció como puerto y fue un importante centro mercantil internacional hasta cerca de 1850. Su población en 1990 era de 38.091 habitantes. Entre los puntos de interés más destacables de la ciudad se encuentran el museo Peabody (1868), con exposiciones marítimas y etnográficas y el museo de Brujas de Salem.

En 1692 era una aldea dominada por el Puritanismo, movimiento que surge dentro de la Iglesia anglicana en la segunda mitad del siglo XVI, que intenta llevar la reforma de esta Iglesia más allá de las normas establecidas durante el periodo isabelino.

El Derecho Penal Comparado aprendió en esta ciudad lecciones imborrables. A consecuencia de los juicios por brujería realizados en 1692 se estableció luego en la legislación internacional la llamada "presunción de inocencia", toda persona se presume inocente hasta que no haya plena prueba en un debido proceso acerca de su culpabilidad, la responsabilidad del denunciante ó acusador público en su caso por sus imputaciones, las legalidad de los medios de prueba, las limitaciones a la auto incriminación y a la prueba testimonial.

Pero ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en Salem?. Una caza de brujas. En una aldea campesina, bajo las creencias puritanas, el diablo acechaba a cada vecino. Su antecedente era la "fiebre de la caza de brujas que obsesionó a Europa desde el año 1050 hasta finales del siglo XVII, apaciguándose ocasionalmente para resurgir después con furia renovada. Los hijos eran obligados a denunciar a sus padres, los maridos a sus mujeres y los familiares y vecinos entre sí. Se pagaba a los testigos para que declararan. Se inflingieron torturas inhumanas para forzar la confesión y los inquisidores no dudaban en traicionar sus promesas de perdón a aquellos que reconocían su culpa. Surgió una clase profesional de cazadores de brujas que reunían las acusaciones y después ponían a prueba a los sospechosos de brujería. Se les pagaba una recompensa por cada fallo condenatorio. La prueba más común consistía en el punzamiento. Se suponía que todos los brujos y brujas tenían marcas en alguna parte de su cuerpo, hechas por el diablo, que eran insensibles al dolor. Si se encontraba alguna de ellas, se consideraba muestra de brujería. Entre otras pruebas estaban los pezones extra, que supuestamente servían para amamantar a los espíritus siervos, la imposibilidad de llorar y el fallo en la prueba del agua. En esta última, si una mujer se hundía cuando era arrojada en un tonel de agua, se la considerada inocente; si flotaba, era culpable", según la Enciclopedia Encarta de Microsoft.

En Salem, un grupo de niñas y adolescentes que iban desde los cinco años hasta los veintidós, sugestionadas por una esclava centroamericana que les enseñaba el vudú, comenzaron a tener tan extraño comportamiento que alarmaron a sus padres y vecinos. Se les diagnosticó posesión maligna y llevadas a juicio comenzaron a acusar a diestra y siniestra de brujería a hombres y mujeres, primero de Salem y después de poblados vecinos. Personas conocidas por ellas y otras no, pero al aceptarse en juicio la llamada "prueba espectral" (los brujos aparecían como espectros ante ellas mientras dormían), acusaron a personas que jamás habían tenido la posibilidad de conocer. Cuando corrió el rumor que la misma esposa del Gobernador iba a ser acusada de bruja, los juicios fueron suspendidos, pero quedaban veinte ahorcados por sus acusaciones, de los doscientos incriminados, cincuenta y nueve de los cuales confesaron ser brujos para salvarse de la horca y uno de ellos murió cruelmente al ser torturado porque se negaba a responder si era inocente o culpable ante la acusación de las niñas puritanas de Salem.

La historia después explica que el origen humilde, los resentimientos que sus padres les transmitían respecto de otros grupos sociales, y la psicosis delirante que la superstición llevada al extremo provoca en ciertos grupos sociales, fueron el origen de sus acusaciones basadas en los "espectros" que creían ver. Otros historiadores creen que las niñas de Salem simplemente se divertían con su absoluto poder y fue la locura de sus mayores al creerles el origen de tantas muertes de inocentes.

El Gobernador removió los jueces, el jurado se disculpó, los juicios fueron anulados y Salem expió sus pecados en un largo período de vergüenza colectiva debido a su histeria. Pero sólo una de las niñas reconoció sus errores y pecados. Ninguna otra se arrepintió y jamás fueron llevadas a juicio. Uno de los jueces del Tribunal Superior que anuló los juicios al no aceptar la "prueba espectral" escribió que era preferible que diez culpables no fuesen llevados a juicio a que fuese ahorcado un solo inocente.

Todo lo que enseñó la tragedia de Salem está hoy aceptado en la legislación internacional, particularmente en la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA"  suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos que entró en vigor el 18 de julio de 1978, ratificada por Uruguay el 19 abril 1985. Uruguay asimismo aceptó sin reservas la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el instrumento de ratificación de fecha 26 de marzo de 1985, depositado el 19 de abril de 1985 en la Secretaría General de la OEA, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay declara que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención, bajo condición de reciprocidad, de acuerdo a lo establecido en sus artículos 45 párrafo 3. y 62 párrafo 2.

Lamentablemente, el Código del Proceso Penal Ley 15.032 de 7 de julio de 1980 cuyo "Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos." está firmado por el presidente de facto de la Dictadura Militar Dictador Dr. APARICIO MENDEZ y el Ministro de Justicia del régimen FERNANDO BAYARDO BENGOA, y con las firmas de los demás ministros General MANUEL J. NUÑEZ, JULIO C. LUPINACCI, VALENTIN ARISMENDI, WALTER RAVENNA, DANIEL DARRACQ, EDUARDO J. SAMPSON, FRANCISCO D. TOURREILLES, CARLOS A. MAESO, ANTONIO CAÑELLAS, y JUAN C. CASSOU, viola no sólo la Convención Interamericana de los Derechos Humanos reseñada, sino la propia Constitución de la República.

El Artículo 118. (Detención). - "Nadie puede ser preso sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes sobre su existencia, por orden escrita de Juez competente.", del vigente Código del Proceso Penal y el Artículo 125. (Auto de procesamiento). - "El sumario se iniciará con el auto de procesamiento dictado por el Juez competente. Si el imputado hubiese sido detenido previamente, ese auto deberá dictarse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a contar desde la detención (Articulo 16 de la Constitución de la República y 118 de este Código). El auto de procesamiento será fundado; considerará los hechos atribuidos y establecerá su calificación delictual, con referencia expresa de las disposiciones legales. Para decretar el procesamiento es necesario: A) Que conste la existencia de un hecho delictivo; B) Que haya elementos de convicción suficientes para juzgar que el imputado tuvo participación en el delito.".

Estos artículos al requerir "elementos de convicción suficientes" descartan la evidencia fáctica que exigía el viejo Código de Instrucción Criminal como el eje del procesamiento y al sustraer el eje de la evidencia objetivable y derivarlo a la subjetividad de la "convicción" del Juez hace que el Código vigente sea propio de su origen, de un régimen de facto, de un régimen donde gobiernan y juzgan los hombres, lo subjetivo; e impropio de un Estado de Derecho, o gobierno de las Leyes, de lo científicamente objetivable, mensurable.

La Constitución de la República -al igual que el Código anterior- exige en su Artículo 15.- "Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente", es decir, articula sobre lo fáctico y objetivable, lo científicamente transmisible y demostrable, y no sobre la subjetividad o convicción que una persona puede hacerse sobre lo que cree él sea un elemento de juicio.

Algunas interpretaciones de los Tribunales de Apelación en lo Penal han sido más drásticas y afirman que para el procesamiento se requieren "Un hecho pues con apariencia delictiva y elementos suficientes de juicio que generen convicción que el indagado fue protagonista del mismo", en buen romance, si el Juez está convencido que alguien es probablemente el culpable, el ciudadano va preso. El procesamiento por convicción moral del Juez sólo estaba reservado en nuestro derecho para algunos delitos de muy difícil prueba enumerados muy precisamente por la Ley, y el procesamiento por convicción basado en la sola prueba testimonial de cargo es propio de los gobiernos de fuerza, de los juicios stalinistas o nazis. ¿Quién se animaba en la época stalinista a testimoniar que un acusado de contrarrevolucionario era un buen vecino inocente?.

Hay una relación inversamente proporcional entre prueba testimonial y justicia, cuanto más testigos menos justicia, como demuestran los juicios de Salem, cuanto más evidencia científica obtenida de la escena y circunstancias del delito, más justicia. La prueba testimonial fue la estrella en los juicios de Salem con aquellos penosos resultados.

La cuestión no es que le parece o le deja de parecer a un ser humano algo, sino si se demostró más allá de toda duda razonable que alguien es culpable o no se lo ha demostrado, y por ende, continúa siendo tan inocente como antes de la imputación.

Debe imperiosamente reveerse esta severa desviación de la tradición democrática de nuestro país, no sólo por los más de dos mil setecientos procesados que están en las cárceles hoy día, que la sociedad tiene derecho a saber si son inocentes o culpables, sino en homenaje a los grandes del Derecho Nacional que participaron en la elaboración y redacción de textos magistrales como Justino Jimenez de Aréchaga que fue uno de los cinco redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas.

En palabras del Dr. Washington Beltrán  "En 1951, su primo Eduardo Jiménez de Aréchaga, que llegaría a presidir la Corte Internacional de Justicia, redactó el primer proyecto completo del tratado multilateral que es conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este fue presentado al año siguiente en el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, tras ser considerado, reelaborado y aprobado en un Seminario de eminencias, celebrado y organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Participaron en dicho histórico evento Juan José Carbajal Victorica, Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Laso, Alberto Domínguez Cámpora, Aníbal Luis Barbagelata, Alberto Ramón Real, Eduardo Jiménez de Aréchaga y el decano de nuestros constitucionalistas --solitario sobreviviente de aquella pléyade de talentos y notabilidades-- el ex canciller Héctor Gros Espiell.".(El País, domingo 10 de setiembre de 2000).

Es imperioso aprender de los juicios a las Brujas de Salem, y urgente, ya que acaba de conocerse que un padre acusado de violar a su hijo mayor discapacitado que pasó dos años encarcelado fue declarado inocente de tan terrible cargo por la misma justicia que lo encarceló y procesó -"elementos de convicción" mediante- por tal atrocidad. (El Observador, 14 de octubre de 2000 "Decisión de la justicia de Maldonado Pericia forense permite liberar a un acusado").

Los legisladores tienen la oportunidad de continuar con aquella tradición nacional que tanto prestigio diera a nuestro país.·

(*) El Dr. Gustavo Elizondo es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Universidad de la República en 1982. Edil Departamental durante el período 1995 - 2000, actualmente integra el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado período 1999 - 2004.·

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