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Miércoles, 06 de Noviembre de 2002   Actualizado a las 22:15

ATENTADO AL DERECHO INTERNACIONAL Y A LA CONSTITUCIÓN

El Parlamento confiscó bienes de nacionales y extranjeros.

SE IMPUSO UN "CORRALITO EN LA BANCA OFICIAL"

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA

CONSTITUCIÓN 1967 CON LAS MODIFICACIONES PLEBISCITADAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1989, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1994 Y EL 8 DE DICIEMBRE DE 1996.

Artículo 14.- No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes por razones de carácter político.

Artículo 32.- La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.

Por Ley Nº 17.523 publicada en el Diario Oficial del  6 agosto de 2002 - Nº 26064 LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN: "Artículo 3º.- Prorróganse los vencimientos de los depósitos existentes en el país y constituidos a plazo fijo en moneda extranjera en el Banco de la República Oriental del Uruguay y el Banco Hipotecario del Uruguay, antes del día 30 de julio de 2002",  Ley promulgada el Domingo 4 de Agosto el Parlamento nacional dispuso que la banca oficial uruguaya retuviera los depósitos a plazo fijo contratados con nacionales y extranjeros. Asimismo dispuso un interés compensatorio y fijó los plazos en que serían devueltos. Los rumores hablaban de un "corralito" de nueve años, pero se dispuso la devolución en tres años, coincidiendo el peso mayor (40%) en el período de gobierno próximo. En el Uruguay los depósitos se devuelven cuando el Gobierno quiere.

 Se fundamentó esta intromisión en contratos entre particulares en nombre del interés general. Pero se incumplió con el artículo 32 de la Constitución arriba trascripto. No se dispuso la declaración de expropiación ni se les compensó previamente mediante procedimiento judicial con las garantías del debido proceso legal, tal como dispone la Constitución y la legislación internacional para el caso de la afectación del derecho de propiedad.

La Ley importa una confiscación lisa y llana del dinero de nacionales y extranjeros. Es, por ende, una ley notoriamente inconstitucional que los interesados podrán oponerse a sus efectos respecto de su patrimonio en los términos de los artículos 256 y siguientes que se trascriben.

Dicha ley asimismo importa una violación a las obligaciones contraídas por el Estado uruguayo con la Organización de las Naciones Unidas al oponerse al artículo 17 de la Declaración Universal.

Y asimismo importa una clara violación de las obligaciones libremente pactadas por el Estado uruguayo con la Organización de los Estados Americanos al significar una clara violación a las disposiciones del artículo 21 numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recurrible ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez agotada sin éxito la vía de la legislación interna mediante el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia del Estado uruguayo.

Las dos últimas intervenciones del Parlamento, sustituirse al Cuerpo Electoral derogando una Ley que había sido impugnada por más del 25% de la ciudadanía, actuando con mandato prohibido en un claro caso de "soberanía parlamentaria", y ésta Ley del "Corralito en la Banca Oficial" que se analiza, importan un desconocimiento de los principios básicos de nuestro ordenamiento institucional tradicional. Si sumamos la inelegibilidad de los ciudadanos a cargos electivos y la imposibilidad de instaurar la querella penal de parte para defensa de los derechos ciudadanos, estamos frente a cosa distinta que a un Estado de Derecho.

Hay Estados de opinión y Estados de fuerza, Estados de consentimiento y Estados de violencia, pero el Estado de Derecho como expresión del gobierno de consentimiento implica que el Estado está limitado por el Derecho, que el Derecho está limitado por la razón, que el gobierno está limitado, subordinado al Derecho, enseña Jiménez de Aréchaga.

El Estado es tan sólo una parte de la vida en sociedad, porque hay realidades más importantes y preexistentes al mismo, como la noción de ser humano y sus derechos. Por lo que el Derecho positivo que el mismo Estado crea o produce se debe auto limitar en el respeto a estas realidades: implica poderes limitados, separados, sumisos al Derecho: es la sumisión de la Administración a la ley y a los Tribunales de justicia, gobierno de leyes y no de los hombres.

El principio de la legalidad expresa que Todo acto particular debe resultar de la particularización de una regla general. Si la regla general es que la banca oficial retiene el dinero de sus depositantes, ¿todos debemos retener el dinero de nuestros acreedores?.

El Banco de la República Oriental del Uruguay, a pesar de retener contra  todo el derecho vigente el dinero de sus ahorristas, sin embargo sigue rematando a sus deudores. Esta ausencia absoluta de ética de la alta burocracia del Estado uruguayo contrasta con la decencia del común. Un cartel exhibido por una asistente al acto de protesta realizado por la población de Bella Unión,  en el fronterizo Departamento de Artigas, contra el remate de los bienes de la familia Castellano,  rezaba: 

"LA OBLIGACIÓN DE NO COOPERAR CON EL MAL ES TAN IMPORTANTE COMO LA OBLIGACIÓN DE COOPERAR CON EL BIEN".

Obviamente que esta situación amoral de la institución poco le importó a la Vice Presidente del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay Milka Barbato,  quien salió a la prensa apoyando el remate, sospechada de corrupción al frente de la Corporación para el Desarrollo y que la inexistencia de la querella criminal de parte en Uruguay vuelve impune por ser del mismo sector político que el Fiscal de Corte Peri, del Foro Sanguinettista.  A una de las más notorias "mujeres del régimen" no le va a temblar el pulso por el detalle de cobrar y no pagar. Pero a otras mujeres sí les importa. ¿El Mal?.

CONSTITUCIÓN VIGENTE

CAPITULO IX

Artículo 256.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 257.- A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia; y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.

Artículo 258.- La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:

1º)

Por vía de acción, que deberá entablar ante la Suprema Corte de Justicia.

2º)

Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial.

  El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial, o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso, también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución.

  En este caso y en el previsto por el numeral 2º), se suspenderán los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 259.- El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios". 

Esta obligación no es cumplida ni por el Gobierno ni por el aparato estatal uruguayo, ni por la enseñanza estatal, y algunas disposiciones de la legislación interna se contradice con esta nueva Biblia consensuada por toda la Humanidad. Esta Declaración contiene este artículo 17 nuevamente violado por la Ley aprobada por el Parlamento que impuso el "Corralito en la Banca Oficial".

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

PREÁMBULO

Los Estados americanos signatarios de la presente Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;( ... )

PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I
ENUMERACIÓN DE DEBERES

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. ( ... )

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. ( ... )

CAPÍTULO VI
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención:

a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. ( ... )

Extraído de Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.cidh.oas.org/

 

""El Poder Judicial, cuya completa organización se deberá a las leyes secundarias, se ve en el proyecto constituido en tal independencia, que ella sola bastará para asegurarnos que no serán en lo sucesivo los hombres quienes nos juzguen, sino las leyes" ( ... ). Últimamente, el Código Constitucional establece un Tribunal Supremo de Justicia, que debiendo juzgar las infracciones de la Constitución y los abusos de la autoridad reprimirá al poderoso por la aplicación de la ley y desagraviará al miserable. Conteniendo así las personas que desempeñan los poderes constituídos, los conducirá al sólo objeto de su institución y los conservará dentro del círculo de sus respectivas atribuciones. Vuestros jueces, en el ejercicio de la judicatura no dependerán ya del que manda ...". Dr. José Ellauri, miembro informante de la Asamblea General Constituyente y Legislativa que elaboró la primera Constitución uruguaya, la de 1830. Citado por Alberto Ramón Real, "El Estado de Derecho" Estudios Jurídicos en memoria del Dr. Eduardo J. Couture Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, página 592, 1957.

"to the end that it may  be a government of laws, and not a men" Constitución de Massachussets, XXX, 2 de marzo de 1780, citada por el Dr. José Ellauri, miembro informante de la Asamblea General Constituyente y Legislativa que elaboró la primera Constitución uruguaya, la de 1830. 

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