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Denuncia Penal presentada ante la Justicia Uruguaya en Paysandú que fue archivada por la Fiscalía. P/210/2000.
A. HECHOS

PRIMER ENFRENTAMIENTO 

LESIONES EN LA SECCIONAL 1º

ASESINOS SUELTOS

ESTAFADORES INMOBILIARIOS

POLITICOS E IMPUNIDAD

ARMADO DE LA CAUSA LESIONES

PERSECUCION POLICIAL

FISCAL Y TELEPATAS

NULIDAD POR INDEFENSION

ATENTADO DE "EL TELEGRAFO"

DIFAMACION GOEBBELIANA

IMPUNIDAD DE DIFAMADORES

ATENTADO POLICIAL A UN REPRESENTANTE POPULAR

PESQUISAS SECRETAS

RENUNCIA ANTICIPADA POR LA POLICIA

LAS MAFFIAS SE DEFENDIERON

B. DERECHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"reo de lesa Nación" (impune) Walter María Belvisi Bottino

Juan Antonio Oberti, remero, sin profesión ni formación académica conocida, empleado personal del "reo de lesa Nación" (impune) Walter María Belvisi Bottino, ex Senador Millor, sanguinetista, igualmente "reo de lesa Nación", apoyo político de Oberti, Juan Antoinio.

Juan Antonio Oberti, remero, sin profesión ni formación académica conocida, empleado personal del "reo de lesa Nación" (impune) Walter María Belvisi Bottino, designado en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) como administrativo, irregularmente hizo las veces de contador del organismo, imposta un lenguaje letrado, de inicios vinculado a la organización paramilitar ultraderechista "Juventud Uruguaya de Pie" antes de la Dictadura Militar, hizo rápida fortuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno.

Edison Gustavo Elizondo Viñoly,  constituyendo domicilio en Bolívar 1452 esquina Guayabos de la Ciudad de Paysandú,  con Cédula de Identidad Nº 1.442.721-4,  de profesión productor agropecuario, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales Matrícula 4266, Edil Departamental Período 15 de febrero 1995 - 14 de julio de 2000,  al Señor Juez DIGO:

Que en autos P/41/2000 vengo a realizar AMPLIACIÓN DE DENUNCIA PENAL y SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN  contra los ciudadanos constituídos en grupos de intereses y posible asociación delictiva, a) funcionarios policiales, por atentado, difamación, pesquisas secretas, y otros, caso Crio. Inspector Nelson Mario. Sandro, y SubCrio. Aguirre; b) medio de difusión "El Telégrafo" por atentado; y censurar decisiones del propio Senado de la República para no informar sobre estafas inmobiliarias en nuestra Ciudad, c) funcionarios públicos electivos por Atentado, encubridores de estafadores inmuebles denunciados por mí y por el Senado de la República para ante la Junta Departamental; d) integrantes de las Sociedades Anónimas "Yarly" SA y "Cerezos" SA. y cónyuges; que se mencionan más abajo por la presunta comisión de varios otros delitos, por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

A. HECHOS.

1. ENFRENTAMIENTO CON EL COMANDO POLICIAL POR COMPETENCIAS. En el primer año de la actual Legislatura Departamental promoví modificaciones a la Ordenanza de Espectáculos Públicos de este Gobierno Departamental de Paysandú, Nº 8604, desde mi posición de integrante de la Comisión de Promoción Social de la Junta Departamental. Dichas Modificaciones fueron aprobadas, pero no eran aplicadas en los hechos puesto que la Jefatura de Policía de Paysandú sostenía la vigencia del Decreto 422/80 que le daba a la Policía el control de todos los espectáculos nocturnos, incluso aquellos como pubs, bares, wiskerías, etc. Sostuve y promoví la declaración de inconstitucionalidad de dicho Decreto y la aplicación de la Ley Orgánica Municipal que le da a éste Gobierno Departamental el contralor puertas adentro de todo local dedicado a los espectáculos públicos.

2.  El día 12 de marzo de 1995, apenas asumí funciones,  la Jefatura de Policía de Paysandú aplicó el Decreto  422/1980 suspendiendo por el término de veinte días a una discoteca céntrica llamada "Block" ubicada en 19 de abril entre Leandro Gómez y la Av. 18 de Julio de nuestra ciudad, luego de un confuso incidente en un baño de la misma, cuando una oficial de policía detuvo a unas jóvenes y por error comunicó el código "oficial en peligro de vida" lo que motivó una violentísima represión policial sobre los jóvenes que ya se retiraban con el resultado de varios de éstos lesionados. Me interesé en el tema luego de rumores inconfirmables sobre "que todo fue preparado porque los dueños del local no querían colaborar económicamente con policías venales pagándoles por protección". Ante esta hipótesis de presunta corrupción policial estudié la aplicabilidad de dicha norma y la cuestioné en Sesión de fecha 24 del mismo mes. El Decreto 422/1980 de 29 de julio de 1980  atribuye competencias a las Jefaturas de Policías sobre funcionamiento, ubicación, regentes ó administradores y prohibiciones para los  "Centros Nocturnos",  es decir,  interpretando una equívoca terminología, locales de ejercicio de la prostitución y similares. El Poder Ejecutivo del Gobierno de facto en 1980 -a través de las Jefaturas de Policía que dependen del Ministerio del Interior- asumió competencias sobre habilitación de locales presuntamente fundado en su competencia mayor de "La conservación del orden y tranquilidad en lo interior, y la seguridad en lo exterior", como expresa el art. 168 de la Constitución;  pero termina por invadir competencia municipal, ya que "El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente Municipal", como edicta el art. 262 de la Constitución, y la competencia de reglamentar los espectáculos públicos es atribuída por el numeral 34 del art. 19 de la Ley Orgánica Municipal al Gobierno Municipal; y el art. 297 numeral 6 legisla que los espectáculos públicos son fuentes de impuestos municipales, decretados y administrados por éstos. Al genero espectáculos públicos, al decir de la Ordenanza de Espectáculos Públicos de Paysandú, pertenece "todo acto que tenga por objeto provocar la concurrencia de personas mediante atractivos dirigidos a suscitar la contemplación, el deleite, o cualquier otro esparcimiento". Los locales de ejercicio de la prostitución pertenecen al genero espectáculos públicos y, por ende, son  materia municipal. El mencionado Decreto tiene graves inconveniencias: no reglamenta -ni está enunciado en sus Vistos- ninguna Ley, y por todo antecedente se remite a otros Decretos; su terminología es confusa; se refiere al objeto de su materialidad jurídica enunciándolo por nombres contradictorios y termina por ser más ambicioso en su nombre "Centros Nocturnos" que en su texto dispositivo; invade competencia legal y no contempla que en una democracia los derechos se ejercen a través del Poder Judicial y que los principios del Derecho Administrativo establecen que el Administrador sólo puede actuar dentro de competencias atribuídas por normas de orden superior.  El Decreto 422/80 lesiona la autonomía departamental porque refiere a una materia municipal y establece en los hechos un doble régimen de competencias sobre un mismo objeto que es altamente inconveniente para el ordenamiento jurídico y la seguridad de los bienes de los ciudadanos.

3. Tratándose el tema en la Sesión del día 24 de marzo de 1995 en el tema "HECHOS SUCEDIDOS EL DOMINGO 12 DEL CORRIENTE FRENTE A UN  LOCAL  BAILABLE.  Moción presentada por el Señor  Edil  Dr.  Gustavo Elizondo" (Acta 512) SR. ELIZONDO "Yendo a los fundamentos de hecho de la resolución policial, decía que los 78 testigos expresan: `Al ser identificada  la joven, procedió a sacarlas  del  local agrediéndolas físicamente  y  sin  haberse identificado  aún  solicitó apoyo policial´.  Los  testigos expresan que: `Todo comenzó  por  una simple discusión en el baño de dicho local. Al  finalizar  la discusión,  las jóvenes salieron del baño como si nada  hubiera sucedido´. ¿De qué acusaba, corresponde, Señor Presidente,  que preguntemos  a esta Oficial de Policía que no se identificó,  a dos niñas que discutían en un baño de damas?. Quizás la  discusión, según se sabe extraoficialmente, versaba sobre  problemas de celos de amor entre dos adolescentes. Es la primera vez que en Paysandú,  Señor  Presidente, tenemos el  triste  honor  de asistir  a  que una Oficial de Policía pretenda, con pena de calabozo, reprimir el delito de celos de amor. Hace unos segundos,  Señor Presidente, hablábamos de turismo. Esta Oficial  de Policía  sin identificarse, solicitó unidades de  apoyo, siete móviles, gran cantidad de efectivos policiales, unos  uniformados  y  otros  de particular, comenzaron a  golpear  y existen denuncias  en  sede  penal por el delito de lesiones. Al  ser introducidos en  los móviles policiales estos  jóvenes fueron rociados  con gases lacrimógenos en sus caras.  Reitero,  Señor Presidente,  que sería lo más que un abogado pudiese  aspirar, tener 78 firmas de testigos directos de lo ocurrido. Eso  funda todo  un caso. Entonces, comenzamos razonando,  que el Decreto  Nº 422/80, no es el fundamento jurídico apropiado, es inaplicable. Comenzamos  diciendo que los fundamentos de hecho que  fundaron la  medida, se contradicen con las firmas de 78 personas. Y  la Ley Orgánica Municipal establece, Señor Presidente, que  espectáculos públicos es una competencia de la Intendencia Municipal de Paysandú. Asimismo, nosotros debemos de defender el derecho de  los empresarios del sector servicio y  de  los  operadores turísticos y  también los derechos de la juventud  a un  sano esparcimiento. Se ha propagado Señor Presidente, sin prueba, en nombre de  una mentalidad conservadora y a  veces  envejecida, acusaciones  que  imaginan bailes de jóvenes  en  maridajes  de drogas  y alcohol. Pero resulta extraño, Señor Presidente,  que en esa noche no hubiese un solo detenido por ebriedad, ni un solo detenido por posesión de estupefacientes.  El Juez  liberó a  todos los que detuvo, y esto no puede  ser posible  Señor Presidente;  porque  si la policía detiene y  el  Juez  libera, significa  que, o la policía detiene mal, o el Juez  no  actúa. Pero  las dos cosas a la vez no pueden ser.  Expresamos, Señor Presidente,   y  visto  también el cambio  de  titularidad  del órgano Jefatura de Policía de Paysandú, le instamos  al  Señor Jefe de Policía a que considere la revocación de la Resolución fundada en el Decreto 422/80 que dispone la suspensión de  esta discoteca,  y que abra una investigación a la luz de la  prueba testimonial que se aporta. Es este hecho, Señor Presidente, un hecho triste, lamentable, ocurrido en nuestra ciudad. No  puede ser que se use gases contra jóvenes en una  pretendida  ciudad turística.  Y todos los que estamos aquí, como políticos, hemos subido a una tribuna para solicitar el voto joven. Al solicitar el voto joven, hoy ellos en esta  solicitada  sobre lo ocurrido en un local bailable, se preguntan: "Y ahora qué medida podemos tomar los jóvenes?". Esto, Señor Presidente se lo preguntan  a usted y a cada uno de nosotros. Gracias."

4. Esta tesis y lo derivado de su aplicación -horarios de cierre, contralor a la Direcciones de Higiene, Edificaciones y  de Espectáculos Públicos de la Intendencia puertas adentro, asistida de INAME y Policía si así lo solicitaba, exclusividad de la autoridad del Gobierno Departamental en la habilitación de dichos locales-  y la exclusión de la facultad de habilitar que detentaba la Policía-,  me enfrentaron gravemente con el Señor Jefe de Policía de Paysandú, Dr. Nicolás Pochibiakin, el Director de Investigaciones Crio. Inp. Nelson Mario Sandro y con el Director de Seguridad de dicha Jefatura, Crio. Morales, y como es obvio, con sus subordinados.

5. El día 12 de mayo de 1995 tratándose la Moción presentada por mí sobre "ACCIÓN POR  LESIÓN DE AUTONOMÍA CONTRA EL DECRETO  No.  422/80 ANTE  LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA".- Moción del Señor Edil  Dr.  Gustavo Elizondo la misma fue votada negativamente por el Partido Nacional (a instancia de los grupos que apoyaban al ex intendente y hoy Senador Dr. Jorge Washington Larrañaga Fraga) y por la Bancada del Frente Amplio -uno de cuyos miembros luego me pide la renuncia-, por lo quedó respaldado políticamente por esos Partidos el Comando Policial aún cuanto se tuviera que rechazar sin estudio una moción altamente técnica que escapaba a la formación académica de la mayoría de los Ediles.

6. LA CAUSA TRAUMATISMO Y LESIONES EN SECCIONAL PRIMERA. En el mes de febrero de 1999 la Bancada de mi Partido decidió postularme al cargo de Vice Presidente de la Junta Departamental, y así hubiera sido, sin duda, de no haberle solicitado a quien yo consideraba un compañero del Partido quien-a su vez- me había solicitado su reingreso a la función policial, de un policía para que me llevara a mi casa porque no quería manejar ya que había estado bebiendo y me sentía mal. Decía ser hijo de un militante de la lista 2000 por la cual resulté electo, y me solicitaba su reincorporación al servicio, luego de que fuera disuelto el grupo GEO al cual pertenecía. Pero esa noche, en vez de llevarme a mi domicilio, o simplemente negarse, me condujo al Hospital Escuela del Litoral para un examen alcohólico -a pesar que yo no manejaba, iba de a pie, y le había solicitado ayuda,- de lo que se derivó una detención y torturas en la Seccional Primera de Policía, probadas en autos S/67/99 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno de Paysandú.

7. En el mes de abril del mismo año me presenté a las elecciones internas del Partido Colorado optando por votar como candidato a la Presidencia de la República por el Partido al Dr. Jorge Luis Batlle Ibáñez. El veinte de ese mes fui procesado por el delito de traumatismo por el Juzgado interviniente, a pesar de que el denunciante en la causa, funcionario policial sujeto a subordinación de la Dirección de Seguridad de esa Jefatura le erró al describirme en treinta kilos más de peso (afirmó que yo pesaba más de cien kilos) y por casi treinta centímetros de estatura, (afirmó que yo medía más de 1,90). A pesar de todo lo cual resulté electo por la Lista 1818 Convencional Departamental por el Partido, único Edil de la Bancada que votó por Batlle, quien recibió en todas las listas un 42% de las adhesiones de los colorados, cifra nunca alcanzada por este sector desde la restauración democrática.

8.  En diversas intervenciones en la Junta Departamental denuncié a un  grupo de estafadores de cuello blanco (quienes fueron denunciados en Sesión de la Junta de Jueves 4 de mayo por el propio Senado de la República) lo que me llevó a enfrentamientos con otros Ediles; especialmente con integrantes de la Comisión de Legislación de la Junta Sres. Oberti y Escribano Héctor Beceiro,  en otras intervenciones denuncié el consumo de sustancias psicotrópicas, la reiterada habilitación por la Policía del Departamento (ó su Dirección de Investigaciones) de wiskerías, bares, pubs ó locales de prostitución clandestina como "La Flaca", "La Morocha" y "Punto Cero", propiedad de los Sres. Navadian y Marcelo Córdoba, con características edilicias, higiénicas y horarios de funcionamiento inhabilitables por la Intendencia, hechos que me eran a mí denunciados por personal municipal y a los cuales yo concurrí como parroquiano; y en las últimas sesiones de la Junta me interesé por los derechos humanos en la Cárcel Departamental a raíz de graves denuncias de torturas por los reclusos, todo lo cual resumí en la Moción presentada el 6 de diciembre pasado "Facultar a la Mesa a entrevistarse con el Ministro del Interior y la Suprema Corte de Justicia por temas de Seguridad Jurídica y Pública" que adjunto siendo votada por amplísima mayoría de Sres. Ediles presentes y enviada a los Organismos peticionados.

9. ENFRENTAMIENTO CON EL COMANDO POLICIAL POR HOMICIDIOS SIN ACLARAR EN EL DEPARTAMENTO. El Pedido de Informes al Ministerio del Interior sobre "Homicidios sin aclarar en el Departamento" terminó por enfrentarme gravemente al  Director de la  Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Paysandú, cuyo Informe Nº 054/2000 de Fecha 12 de Febrero del 2000 fue comenzado cuando me encontraba en mi cuarto día de prisión -paradoja-, que se reseña más abajo.

10. ENFRENTAMIENTO CON ESTAFADORES INMOBILIARIOS ENCUBIERTOS POR POLÍTICOS.  Desde hacía más de cuatro años atrás había ingresado a la Junta Departamental una solicitud de fraccionamiento presentada por el Señor Bell (casado con la Sra. "Chela" Viola) a nombre de una o dos sociedades anónimas: Yarly SA y Cerezos SA. Estas sociedades anónimas se dedicaban a la compra de chacras en suburbios y -contrariando Ordenanzas Municipales y Leyes Nacionales- procedían a fraccionarlos y venderlos en cuotas. Luego de obtener jugosas ganancias (hasta setecientos mil dólares por hectárea fraccionada en el Barrio "Obreros Unidos" de ingreso bruto) los hacían regularizar por la vía de la excepción mediante la intervención de la Comisión de Legislación de la Junta Departamental de Paysandú y posteriormente por su plenario. Para concretar dicha maniobra se necesitan poderosos "padrinos políticos" primero para lograr la regularización por la Junta y luego para no ser denunciados a posteriori para ante la Justicia Penal por el delito de "estafa" como lo manda la Ley 15.452. La esposa del Señor Bell era integrante de la Lista 2015 que encabezaba el Señor Edil Juan Antonio Oberti, (empleado de C.A.R.U.) lista que pasó del sanguinettismo (1995 a 1998) al millorismo (1998-1999) y -luego de pobrísimo resultado en las internas de abril de 1999- pasó a integrar la lista 15 del Ing. Laborda para las elecciones municipales del 2000. Desde la posición de integrante de la Lista 15 y -habiéndoles prestado a éstos el mismo local en 18 de Julio entre 33 Orientales y Setembrino Pereda- procedió a intrigar contra los dirigentes del Batllismo. Hizo expulsar a Adriana Ramos de la lista de suplentes a Intendente por información recibida de algún policía de la condición de procesada de la misma, e intrigó contra mí sabiendo que yo ya había promovido en la Junta su procesamiento por el delito de estafa en los términos de la Ley 15.452 en la Sesión de fecha 28 de diciembre de 1999. Una semana antes de las elecciones municipales de mayo del corriente pasó a apoyar la candidatura Lamas Fraschini en el Partido Nacional, luego de desmantelar el club batllista de la 15 cuyo local había prestado y hoy se encuentra tapiado. Curioso periplo militante: del sanguinettismo al millorismo, luego retorno a éste en las internas coloradas, y perdiendo, al Batllismo y de éste al nacionalismo de Larrañaga/Lacalle. ¿Ideales ó conveniencia?. ¿Con qué título intrigó contra dirigentes batllistas, como batllista o como quinta columna?.

11. ESTAFADORES INMOBILIARIOS IMPUNES. En la Junta Departamental de Paysandú ingresa el 28 de octubre de 1999 una comunicación del Intendente Municipal Esc. Álvaro Lamas Fraschini que comunica un Informe del Director de la Asesoría Letrada de ésta, Dr. Horacio de los Santos, Oficio Nº 706/99, donde éste, y de consecuencia la Intendencia Municipal, -y el propio Intendente Lamas- se niegan a cumplir le Ley 15.452 de 26/08/93 y, de consecuencia a presentar denuncia penal contra los integrantes de Yarly S.A. (representados por el Sr. Bell, esposo de la Sra. Viola). En mi intervención reclamé el cumplimiento de la Ley, y el tema fue pasado nuevamente a Comisión para requerir la opinión de catedráticos a instancia de los Ediles Beceiro y Silvani (Partido Nacional), Lopardo (Encuentra Progresista), y Juan Antonio Oberti (Partido Colorado), con lo cual se logró que los estafadores siguieran impunes y que la Ley no se cumpliera durante casi cuatro años.

12. POLÍTICOS ENCUBREN A ESTAFADORES INMOBILIARIOS. El tema volvió a debatirse en la Sesión del 29 de mayo de 1999 cuya Acta 727 se transcribe, donde a instancias de la Senadora Marina Arismendi el propio Senado de la República reafirma su inquietud por la escandalosa estafa inmobiliaria del Sr. Bell y asociados en los Barrios "Obreros Unidos" y "Solari" de nuestra Ciudad. De la transcripción se evidencia que, con varias estratagemas, llegando al insólito de dejar sin número la Junta para sesionar, es la propia Intendencia de Paysandú y algunos Ediles de la Comisión de Legislación de la Junta, los que -con o sin intención-  encubren a los "estafadores de cuello blanco" a pesar que el propio Senado de la República insta al cumplimiento de la Ley 15.452, por lo que resulta atacado políticamente por los Sres. Ediles Beceiro, Oberti, Macchi y Silvani integrantes de la Comisión de Legislación de la Junta.

- Acta 727 Sesión 29.5.00.- 25o.-CÁMARA DE SENADORES.- Remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la Sra, Senadora Marina Arismendi. ref. a la situación de emergencia que atraviesan familias de nuestra ciudad, a quienes la firma Cerezos S. A. vendió terrenos. EXPRESIONES VERTIDAS EN EL DIARIO "LA REPÚBLICA" DE FECHA 22/04/00 POR LA SENADORA MARINA ARISMENDI EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN QUE PADECEN LOS POBLADORES DE LOS BARRIOS OBREROS UNIDOS Y SOLARI DE ESTA CIUDAD.-   SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Tiene la palabra el señor edil Elizondo. (Sale el señor edil Gentile) (Entran los señores ediles Mota, Tacain y Oberti) SR. ELIZONDO: Gracias, señor Presidente. De lo que se lee en el repartido parece que no se puede percibir el hecho de que es el propio Senado de la República, 24 señores senadores en 25, el que se adhiere a esta grave denuncia penal que la señora senadora Marina Arismendi puso a consideración del Senado de la República. Este tema parece que ha tenido distintos avatares. De los distintos avatares que ha tenido es de señalar el silencio con que se lo ha tratado por alguna prensa y es nada menos, señor Presidente, que una comunicación del Senado de la República diciéndonos que aquí hay fraccionamientos que violan la Ley de Centros Poblados; eso ya sería materia para alguna prensa no se atreviera a censurar al propio Senado, y  por el contrario informara de casos que suceden en otras Intendencias, como la de Paysandú -recientemente la Intendencia Municipal de Montevideo multó en cifras de cientos de miles de dólares en hipótesis más o menos iguales a la presente. Yo sostenía en la sesión anterior que, en cuanto a  este tema, tal como nos lo pasó el Senado de la República, nosotros no tenemos, en realidad,  el poder jurídico para debatir puesto que la Ley de Centros Poblados indica que quienes fraccionen sin permiso están incursos  en el delito de estafa -artículos 347o. y 348o. del Código Penal-; por lo tanto, sugería el pase del tema a la Justicia.(Salen los señores ediles Sosa y Bolfarini) El edil Beceiro -lamentablemente, hoy ausente en la sesión- sostenía que los ediles no tenemos la facultad de pasar los temas a la Justicia. Discrepo, una vez más, con el señor Edil, puesto que los ediles, individualmente o como plenario, podemos pasar el tema a la Justicia. Y lamento que no haya sido el propio Senado de la República quien haya resuelto este tema. Hay un senador que votó negativamente -era obvio que tenía que votar negativamente-, pero,  ante una violación de la Ley de Centros Poblados, es el propio Senado que debe decidir que en tal período de gobierno se violó dicha ley; ellos hacen la ley. Mandar esto a una Junta Departamental es en parte quedar bien con Dios y con el diablo; en el ámbito donde precisamente se debe hacer respetar una ley, puesto que ellos son los legisladores nacionales, no se lo hace y se deriva a una Junta Departamental, que tampoco puede interpretar una ley nacional puesto que está inhibida desde el punto de vista constitucional.  Quizá sea mejor que la señora senadora Marina Arismendi y los senadores que votaron esta denuncia de una estafa en Paysandú lo resuelvan a nivel del mismo Senado de la República. Por lo tanto, sostengo que poco podemos hacer sobre este tema sino pasarlo a la Justicia o darnos por enterados, porque quien debe defender la vigencia de la ley nacional es el Senado de la República, igual que la Cámara de Representantes, y nosotros estamos en algo inhibidos de actuar. Comprendo las explicaciones que ha dado la Comisión de Legislación en el entendido de que se encontraron con un problema social, pero también comprendo, y más lo debe comprender el Senado de la República, que si las leyes se aplican una vez sí y otra vez no terminan por derogarse todas las normas. Entonces, o se aplican todas o ninguna, porque no hay leyes para los amigos. Por consiguiente, mi posición es un poco de expectativa. Gracias. (Salen los señores ediles Molchanov y Verri).  SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Tiene la palabra el señor edil Oberti. SR.OBERTI: Señor Presidente: me voy a referir al asunto del que hablaba el señor Edil. La intervención de la senadora Marina Arismendi en el Senado de la República está fuera de momento porque la Junta ya resolvió el problema de la firma Cerezos; lo resolvió de la manera en que lo podía hacer este Cuerpo, convocando a las partes, sesionando muchísimas veces, recibiendo en incontables oportunidades a los interesados, habitantes  del barrio Obreros Unidos, y laudando al final un acuerdo en el que los representantes de la empresa y los representantes del barrio, que concurrían asiduamente a la Junta -incluso los ediles que no son de la Comisión recordarán la cantidad de oportunidades en que asistieron los habitantes del barrio en busca de una solución-; la solución a que se arribó fue la mejor que se podía lograr en ese momento: se pusieron al día todas las deudas, condonando los atrasos que tenía la empresa, la Junta Departamental de Paysandú votó el fraccionamiento -obviamente en términos de excepción porque las medidas de fraccionamiento en esa zona no tenían nada que ver con la realidad,  la Junta los votó sabiendo que estaba dando una excepción pero también sabiendo que estaba dando solución a un problema social. De esa manera, la gente que habitaba  el barrio, que en ese momento aparecía eventualmente  sorprendida en su buena fe, encontró una solución a sus desvelos. (Entra el señor edil Pastorini) Pero a partir de ahí, quienes debían seguir pagando las cuotas de los terrenos que habían comprado y sobre los que habían edificado, empezaron a atrasarse nuevamente, llegando hoy a un estado de deuda, según tengo entendido, que los ha puesto otra vez  en situación de reclamo hacia las autoridades, hacia algún abogado que ha hecho declaraciones públicas en nuestro medio. Pero la Junta Departamental no tiene en este momento ningún tema entrado vinculado al tema barrio Obreros Unidos ni a otros dos barrios que estarían en una situación parecida a la de aquél -no la conozco en profundidad, si bien conozco el nombre de los barrios. Se trata de un propietario, no sé si tiene relación con esta empresa que se menciona aquí,  pero tengo entendido que es una sociedad anónima diferente, no sé si son los mismos dueños, el nombre de la sociedad es distinto. Por lo tanto, lo que hablábamos en la sesión pasada, cuando este tema quedó pendiente, es que la preocupación de la senadora Arismendi, compartida por algunos otros senadores, ya había sido resuelta; la alarma social que podía haber causado la eventual sorpresa en su buena fe de los compradores de esos terrenos está solucionada por la Junta Departamental con acuerdo de todas las partes, convenios que se realizaron con presencia del doctor Gustavo Sabariz y del escribano Carlos Solano Urruty en esta Corporación, creo que en aquel momento trabajó en lo mismo asesorando la doctora Cardozo, en aquel entonces asesora letrada de la Junta. Este tema, hasta donde el Cuerpo tuvo injerencia y pudo buscarle solución, ya se solucionó; pueden estar tranquilos la señora senadora Arismendi y sus pares que votaron esta moción, que la Junta fue diligente, incluso yendo más allá de su obligación esencial, decretando excepciones para solucionar los problemas de esta gente. Es lo que quería explicar. Muchas gracias.- (Sale el señor edil Silva)  SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Tiene la palabra el señor edil Silvani.  SR.SILVANI: Señor Presidente: este tema es de hondo contenido social, va en perjuicio de gente muy humilde, trabajadora, que debe responder mes a mes con su familia y también con las cuotas de este barrio; puede ser que en parte lo haya solucionado esta Junta, pero no totalmente. En el diario "El Telégrafo" del jueves 11 de mayo se publicó una versión del doctor Sabariz, bastante claro y explícito en cuanto a la intervención de la Junta en este problema, que dice: "Debo expresar que son absolutamente ciertas las afirmaciones expresadas por los señores ediles en cuanto a las circunstancias que determinaron la intervención de la Junta Departamental.  Pero es más, diría que sin la pronta, eficiente y comprometida intervención del legislativo departamental por parte de todos los partidos en él representados no hubiera sido posible el fraccionamiento del inmueble en solares que contemplan una situación consumada, como era la ocupación del inmueble." Yo creo que lo que dice el doctor Sabariz en la solicitada refleja el esfuerzo de la Junta Departamental para tratar de solucionar el problema social.  Creemos  que la senadora Arismendi fue sorprendida en su buena fe,  porque este  problema ya fue solucionado.  No es como alguien dijo en la prensa que nosotros legalizamos una estafa. De ninguna manera, la Junta hizo una mediación perfecta de acuerdo a sus posibilidades,  en ese momento las partes estuvieron de acuerdo y suscribieron un nuevo compromiso. (Sale el señor edil Ziminov) Voy a leer lo que nos envía la comisión de vecinos cuando solicita que los recibamos y en una parte dice: "luego de la importante gestión efectuada por la Junta Departamental para intentar superar la situación en que nos encontramos los vecinos del barrio al haber adquirido un bien que no se podía fraccionar. Nos enfrentamos a la angustia de estar frente a numerosos desalojos que, de concretarse, nos harán perder nuestras humildes viviendas, lo único que tenemos". Ante esta iniciativa de los vecinos, la Junta y la Comisión de Legislación responden recibiéndolos y llamando a los abogados de los propietarios a que tuvieran consideración, nuevamente, con estos vecinos que por un problema social se habían atrasado con sus cuotas.  Se cumple un proceso y la Junta se ubica perfectamente donde debe estar. Yo creo que esta situación fue, no digo que aprovechada, pero sí tal vez utilizada para en algún momento tergiversar lo que hizo la Junta. La Junta  no está para algunas cosas pero sin embargo las hacemos. En su momento lo que hizo la Junta Departamental fue solucionar un problema a estos vecinos que son de muy modestos recursos, que por esa condición de humildes no pueden enfrentar. Espero que este tema se dé por terminado, que la Junta le dé un enterado y que sea cuidadosa,  celosa de que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y estemos a la expectativa en situaciones similares negándoles a los propietarios -sean los mismos u otros- el fraccionamiento y, como dice la ley, recomendándoles la actuación judicial. Voy a mocionar que al tema se le dé un enterado. Nada más, señor Presidente.  (Sale el señor edil Esquivel) (Entra el señor edil Beceiro). SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Hay dos mociones. La solicitud del señor edil Elizondo... Tiene la palabra el señor edil Elizondo.  SR.ELIZONDO: Señor Presidente: como el tema fue referido solamente al barrio Obreros Unidos nosotros ya habíamos expresado que entendíamos la fundamentación que tuvo la Junta Departamental porque otra opción no tenía. Pero la vigencia de la Ley de Centros Poblados es obvio que de aquí en adelante tiene que respetare y que quien fraccione sin la autorización,  que los escribanos que hagan compromisos de compraventa y no requieran la autorización previa de la Intendencia Municipal de Paysandú, de los abogados que no sepan leer el texto claro de la Ley 15.452 estas situaciones van a volverse absolutamente endémicas. Entonces, como dice la Comisión de Legislación en su informe, en su oportunidad, el Catastro Municipal va a quedar devaluado completamente y quien quiera va a fraccionar donde quiera.  Entonces, esto que se presenta a nivel de país y que, vuelvo a reiterar, el propio Senado de la República tenía allí a uno de sus integrantes, si quería, para que le dieran suficientes explicaciones, porque el señor senador Jorge Washington Larrañaga Fraga integra el Senado de la República, no entiendo por qué en parte se lo derivó a una Junta Departamental que poco puede hacer. Porque la vigencia de la Ley de Centros Poblados la tiene que empezar a respetar en primer lugar el Senado de la República. Y respecto del barrio Obreros Unidos yo creo que están suficientemente dadas las explicaciones de la Comisión de Legislación y del propio plenario de la Junta, pero sí coincido con el señor edil Tomás Silvani en que de darse otras situaciones hay que aplicar la ley nacional y no esas insólitas interpretaciones de algún asesor letrado de que somos un Estado federal, que la ley nacional se aplica pero en Paysandú no, en Flores y Durazno sí, pero en Paysandú no.  Porque la inversión necesita de la seguridad jurídica y donde no exista la seguridad jurídica los inversores se retiran porque ven el clientelismo, el amiguismo, la desfiguración de los conceptos jurídicos para terminar después en un feo olor que empiezan a tener todas las cosas. Y la inversión se retira.  De manera, entonces,  que sosteniendo la vigencia de la Ley de Centros Poblados yo creo que sí es conveniente dar un enterado a este tema resaltando lo hecho por la Comisión de Legislación y es al propio Senado de la República al que le corresponde, en primer lugar, respetar las leyes que el propio Senado dicta para la República. Nada más.  SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Tiene la palabra el señor edil Mota. (Entran los señores ediles Pérez y Bolfarini).  SR.MOTA: Señor Presidente: este tema también venía con una comunicación que había redactado la comisión, quedó sin tratar en la última sesión, en ese momento yo no iba a votar esa comunicación porque entendía que no correspondía adjetivar de la manera que la comisión lo hacía, sin embargo reconocía y compartía -que quede fuera de dudas- el trabajo de la comisión,  no la manera en que estaba redactado.  De todas formas, la comunicación fue enviada, la comisión la envió al diario "El Telégrafo" y fue publicada casi en su totalidad, así que correspondería darle un enterado a la parte de comunicación suscitado por el tema de las gestiones que se habían hecho con vecinos y que fueron publicadas también en medios de prensa. Ahora, a mí me parece que la comisión tenía su razón en tratar de centrar el tema en lo que había hecho la Junta en el tratamiento de algo que había llevado mucho tiempo y fue bastante traumático en cuanto a las exoneraciones que se tuvieron que tomar, pero más que rasgarse las vestiduras por lo dicho en los diarios corresponde, entiendo yo, un seguimiento del tema porque no termina acá, lamentablemente hay más barrios que tienen este problema, claramente el responsable en esto es quien tiene que fiscalizar la construcción de barrios clandestinos, no puede ser que nos enteremos de la construcción cuando empiezan los desalojos, se generan los problemas,  cuando hay una policía edilicia que debería estar controlando y no lo hace, claramente es la Intendencia quien debería controlar; en la medida que no se ponga coto a este tipo de situaciones van a seguir los problemas. Tengo entendido también que hubo una situación similar, la del barrio Solari, se pasó tal cual al Ministerio de Vivienda y resulta que no queda nadie que siga el tema. Nosotros sabemos claramente qué respuestas hemos tenido del ministerio cuando le hacíamos un petitorio o que hiciera alguna gestión, ha estado omiso, a mí me parece importante -y estaba consultando con ediles integrantes de la comisión y tengo entendido que Silvani lo manifestó así- que no queda ningún nexo de la Junta en este asunto, no hay nadie que lo siga. Dentro de un tiempo,  cuando vengan los desalojos ¿adónde van a ir? ¿al Ministerio de Vivienda? No, van a venir a la Junta, vamos a tener que resolver el tema acá.  La Intendencia, que debería denunciar quien está atrás de estas cosas, no lo hace; nosotros le pasamos el tema a la Intendencia, estoy de acuerdo que formalmente le dimos un tratamiento, lo resolvimos, se lo pasamos a los organismos responsables, la Intendencia -que no solamente no controla los barrios sino que tampoco ejecuta una denuncia por venta ilegal- por un lado, y por otro lado, centros poblados,  lo pasamos al Ministerio de Vivienda,  sin nadie que lo siga. Resolvimos formalmente el tema pero dejamos a la gente prácticamente a la buena de Dios porque no hay alguien que realice un seguimiento. Y nosotros simplemente pateamos la pelota para adelante, porque cuando vengan los problemas -que ya están empezando a suceder- va a venir la gente a quejarse acá. Gracias.  SR.PRESIDENTE (Bernardoni):  Tiene la palabra el señor edil Oberti.-   SR.OBERTI: Señor Presidente: hay que poner a consideración el otro informe porque son cosas distintas. El hecho de que no se haya votado favorablemente el informe en mayoría no implica el rechazo que sí implica el informe en minoría. Por lo tanto, usted debe poner a consideración el segundo informe.  SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Ponemos a votación el informe en minoría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.   (Se vota)  Empate. (13 en 26) Ponemos nuevamente el informe a votación. Por la afirmativa. (Se vota)  (13 en 26) Negativa.   Tiene la palabra el señor edil Elizondo.-  SR.ELIZONDO: Señor Presidente: para fundamentar el voto. Es obvio que el informe  de la mayoría teniendo los votos no salió, por el hecho de que hay ediles del Partido Nacional que comparten la posición de que al no informar sobre sus finanzas la Intendencia Municipal no cumple con la Constitución de la República.  Por tanto, es de esperar que esas órdenes políticas de no informar, en el futuro cesen.  Porque ya está dicho que si no hay un ambiente propicio para la inversión, la inversión no va a venir; y Paysandú va a ser un lejano "far west", donde la inversión no viene porque no hay seguridad jurídica. Gracias.- (Entra el señor edil Buzzo)  SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Tiene la palabra el señor edil Sánchez.-  SR.SÁNCHEZ: Señor Presidente: para pedir la reconsideración del punto anterior.- SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Está a consideración la reconsideración del punto anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.  Afirmativa. (14 en 27) Tiene la palabra el señor edil Atilio Martínez. SR.MARTÍNEZ: Señor Presidente: para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos. SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Está a consideración un cuarto intermedio de 15 minutos. Por la afirmativa. Negativa. (13 en 27)  (Dialogados) 26o.-COMUNICACIÓN INMEDIATA.- SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Votamos el Artículo 28o. de comunicación inmediata. Por la afirmativa. Unanimidad.  (Se retiran varios señores ediles del Partido Nacional dejando sin número al Cuerpo para seguir sesionando)  27o.-SE LEVANTA LA SESIÓN.-  SR.PRESIDENTE (Bernardoni): Se levanta la sesión por falta de número.  (Así se hace siendo la hora 22:27)

Esta conducta de no proceder en los términos de la Ley 15.452 salvó a los estafadores de la cárcel y les ahorró cientos de miles de dólares, puesto que la Ley establece que se deben embargar las cuotas pagas por promitentes compradores a iguales partes beneficiando al Erario Municipal y a los promitentes compradores. El perjuicio sufrido por las arcas municipales lo estimo en más de cien mil dólares por hectárea fraccionada.

13. LA CAUSA LESIONES. En febrero del año 2000 igualmente hubiese sido designado Vice Presidente de la Junta Departamental por postulación de mi Bancada de no haber sido por denuncia de,  como figura en autos,  una prostituta clandestina del ya citado local "La Flaca" -inhabilitado por la Intendencia Municipal de Paysandú-  quien alegó extremos delitos en mi contra luego de ser incentivada a ello por su abuela, parienta de la esposa del Sub Director de Investigaciones de la Jefatura de Policía, según los dichos de la misma.  De los delitos alegados en mi contra mintió flagrantemente en cuatro de ellos -golpes en el vientre para provocarle un aborto (falso según pericias de autos), proxenetismo (negado por la interesada en autos), tráfico y consumo de estupefacientes (negados por sus propios testigos), provocación de aborto (negado por el propio enfermero a quien ella contrató)- y fue inculpada por mi parte por los delitos de violación de domicilio, daño y extorsión. Pero ninguno de los delitos alegados por mí fueron siquiera investigados por la Sede, y fueron ocultados por el personal policial interviniente -quienes fueron a buscarla a mi domicilio incentivándola a que formulara la instancia contra mí, actuando fuera de jurisdicción por la  Dirección de Investigaciones-, cuando cinco horas antes de la denuncia intervinieron funcionarios de la Dirección de Seguridad Seccional 1º y requerida por éstos en el mismo no formuló denuncia.

14. PERSECUSIÓN POLICIAL. De los testigos necesarios para un delito de lesiones el SubCrio. Aguirre (Dirección Investigaciones) interrogó a los vecinos y ninguno escuchó ningún grito en las horas en que la denunciante alegó que la lesioné,  pero ocultó tal hecho a la Sede;  varios vecinos atestiguaron que la ayudaron a forzar las ventanas del apartamento para entrar bajo la excusa que "había perdido las llaves" e igualmente la Policía ocultó esos testimonios; y algún vecino escuchó discusiones de la denunciante con el padre de su primer hijo, pero la Policía ocultó a la Sede que tenía un primer hijo, Señor al cual tambien al igual que a mí le había solicitado u$s 700 para un aborto y que había hecho abandono de ese primer hijo en manos de su madre, hechos que ella, y su abuela -codenunciante- también ocultaron a la Policía y a la Sede. La madre de la denunciante nunca fue citada.

15. La Sra. Fiscal se apoya en una testigo Gladys Karina Mársico Correa que comienza su testimonio diciendo "Yo hace cinco años que no vivo en el país" pero le cree y la cita cuando afirma "...Elizondo ya la ha golpeado otras veces y ella no ha querido denunciar porque estaba enamorada de él y embarazada de él".  Concederle valor de indicio a una testigo que vive fuera del país y que en ningún momento afirma haber presenciado los hechos,  es un caso de testigo con poderes de precognición a distancia, ó telépata, y desvirtúa gravemente la prueba testimonial, referida sólo al área perceptiva del testigo. Además al Ministerio Público no le afectó que sus otros -unicos- testigos fueran menores prostitutas clandestinas, por ende inimputables, las cita en el traslado de la apelación, como a Alba Inés Melgarejo Rosas quien afirma no haber vivido en el apartamento pero relata vívidamente incidentes pasados que para poder contarlos se requiere convivencia prolongada. Es de hacer notar que la denunciante presionaba a las testigos porque les conoce secretos profesionales, tanto que una de ellas que se le opuso -la también menor Deborah Farall-, le provocó una crisis de nervios que quiso suicidarse en pleno Juzgado. La Defensa no controló estos testimonios ni repreguntó "¿Usted lo presenció ó se lo contaron?". Un ejemplo claro de testigo presionada es Rossana Jacqueline Baez Benitez  hermana de un funcionario policial de Investigaciones quien según el Crio. Inspector  Nelson Sandro "haciendo saber a su vez  que tiene conocimiento que la hermana de Mabel Macchín de nombre Luciana Paola quien es menor de edad trabaja para Elizondo ejerciendo la prostitución junto a otra menor de edad" pero en Sede Judicial a fs. 20 vto.  afirma no saber nada,  ni conocer a la denunciante y conocerme sólo de vista.  En resumen, la Sra. Fiscal debía probar que yo golpeé a la denunciante y no lo probó ni lo probará porque lo que nunca sucedió es imposible de probar más allá de toda duda razonable. Pero la Señora Fiscal en lugar de preguntarse si yo la había lesionado ó no, debía, por secuencia cronológica, haberse preguntado ¿quién ayudó a la denunciante a ingresar clandestinamente y con nocturnidad, provocando daños, al domicilio de Elizondo, y teniendo forzosamente que levantar una persiana que pesa más de cincuenta kilos?. Ni la Sra. Fiscal, ni la Sede ni el Defensor se preguntaron esto. Tampoco la Sede realizó pericia de la ventana forzada por la cual ingresó ayudada por uno o dos persona con buena condición física la denunciante el domingo 6 al comenzar el lunes 7 de febrero del corriente en sus primeras horas. Es de hacer constar asimismo que la Sede autorizó dos allanamientos que no arrojaron ningún resultado válido, salvo la humillación inflingida a un representante popular de pasearlo en la parte trasera de la camioneta de la Dirección de Investigaciones por la ciudad, esposado por detrás,  retenido en esa situación en la esquina de su domicilio por más de media hora, hostigado con insultos por personal de la Dirección de Investigaciones, luego de una detención en la que participaron siete móviles y treinta efectivos contra un pacífico vecino de esta ciudad, y al ingresar al Juzgado, fue avisada la prensa para que se me fotografiara a la entrada del Juzgado como no se hizo nunca con ningún delincuente penado. Parece que alguien que se asusta de su propio pasado ideó un hostigamiento psicológico que indujera al suicidio, como en el caso del Intendente Villanueva Saravia en Cerro Largo. O preparó el resultado de las próximas elecciones municipales donde mi Partido sufrió su peor derrota en la historia. ¿Manipulación de masas ó rehén corporativo, qué rol se me quiso hacer jugar?.

16. NULIDAD POR INDEFENSIÓN. Merece un aparte la función del Abogado Defensor en la causa el abogado Martín Etchebarne Parietti. No controló los interrogatorios judiciales de los testigos presentados por la Policía, (art. 16 Constitución),  ninguno de los cuales aportó testimonio de hechos que hubiese percibidos directamente,  sino todos de oídas,  agravados por la condición de prostitutas clandestinas menores de edad sobre quien la Dirección de Investigaciones nunca se preocupó por ficharlas ni las pasó al Ministerio de Salud Pública para la higiene de enfermedades de transmisión sexual. Tampoco citó a testigos en mi defensa ni solicitó de la Sede la inspección judicial de la escena del hecho de violencia doméstica denunciado, -donde hay violencia algo roto tenía que haber porque quien vea amenazada su integridad física siempre recurre a gritar ó romper algo ó llamar la atención de vecinos ó salir a la calle, etc., -  ni solicitó el careo con los funcionarios que participaron en los allanamientos y termina por declarar en mi contra atribuyéndome las agravantes de alcoholismo -falsedad-, drogadicto, -más falsedades sin prueba alguna- y un insólito -absoluta falsedad- tratamiento psiquiátrico con psicofármacos sobre los que no aporta prueba alguna, ni nombre de médico ni citación a declarar del supuesto médico. Solicita una Pericia Psiquiátrica que luego se realiza por el Dr. Gustavo Curbelo, notoriamente enfrentado conmigo en el tema "Proyecto de Descentralización de ASSE",  tratado en Sesión de fecha 26 de octubre de 1995, Acta Nº 550 de la Junta Departamental de Paysandú, quien no se excusa.  A pesar de mi petición de recusación contra el Sr. Juez actuante  -debido al tratamiento en la Junta del tema "Derechos Humanos en la Cárcel Departamental y Homicidios sin aclarar en el Departamento",  su amistad con el Asesor Letrado de la Intendencia Dr. Horacio de los Santos quien se negaba a denunciar a los estafadores, y solicitud de información  a la Suprema Corte de Justicia hechos en lo cual la aquella Sede estuvo involucrada-  no lo hace y a pesar de solicitarle reiteradamente que renuncie a la Defensa no lo hace -desde el 25 de abril- y tengo que sustituirlo. Se negó a presentar escritos describiendo la proscripción política que tan irregular procesamiento me aparejaba. En el proceso me quiso hacer admitir "ciertos hechos entre comillas" a cambio de menos días en la cárcel a lo que me negué a admitir nada y mientras estuve encarcelado me aconsejaba que me fuera dos años de Paysandú. ¿Quién lo presionaba y con qué?. Presentó la apelación del auto de procesamiento porque le dije que si no lo hacía cambiaba de Defensor.

17.  ATENTADO COMETIDO POR EL MEDIO "EL TELÉGRAFO". También Capítulo aparte merecen las aberrantes imputaciones en mi contra por el matutino "El Telégrafo", el único diario de Paysandú, -en ese momento, ahora hay alternativas democráticas- lo que sintetizo de la Moción presentada ante la Junta Departamental "Autorizacón requerida por el Art. 338 del Código Penal para que la Corporación proceda por el delito de Difamación contra ciertos Medios de Comunicación", que adjunto. Es de dejar constancia que el medio "El Telégrafo" siempre se negó a informar a la población sobre las estafas inmobiliarias ocurridas durante la Intendencia Larrañaga, y cuando el Senado denunció el tema para ante la Junta Departamental, censuró al propio Senado de la República. Las exoneraciones concedidas a los medios de prensa, tanto sean nacionales o departamentales, tienen la finalidad de contribuir al libre acceso a la información gubernamental por los ciudadanos. Aún no entiendo qué poderosos actuaron para provocar este significativo silencio sobre tan importante tema. Tampoco lo entenderá el Senado, seguramente. Pero significativamente ese diario publica falsedades y motivos bastardos a la impecable argumentación jurídica desarrollada por el Dr. Walter Duarte, representante de los vecinos perjudicados por la acción de los estafadores.

18. DIFAMACIÓN GOEBBELIANA. Es de hacer notar que la titulación "Fue procesado con prisión el Edil que golpeara a su compañera de 19 años para interrumpirle el embarazo" es de una impecable factura goebbeliana porque cumple todas las condiciones para ser un absoluto hallazgo de la más pura psicopolítica, propaganda,  nazi: a)  en primer lugar predice lo que sucederá, ya que a la hora de la impresión de la publicación el Señor Juez Otto Gómez no había firmado el auto de procesamiento; b)  en segundo lugar es absolutamente falsa, tal como se probó en autos mediante pericia médica y una ecografía que no había ni lesiones subpelvianas ni daños al feto;  c)  en tercer lugar utiliza la configuración imagógica-vivencial de la "simpatía por la víctima", mecanismo de manipulación psicológico primario,  al hablar "de su compañera y concubina" y no "prostituta clandestina que ingresó con daño a su vivienda 48 horas antes y le extorsionó solicitándole u$s 700 dólares";  d)  en cuarto lugar la imagen "golpeara provocándole interrupción de embarazo" es sólo comparable en su potencia difamatoria a "asesino de niños" y evoca el más profundo rechazo de todos, manipulación de masas llevada a su extremo más irracional y violento, dirigida al sistema límbico,  casi al borde de solicitar un público linchamiento. Es obvio que una titulación de esa potencia destructiva -y tengo formación académica en psicología- no fue hecha por una sola persona,  sino -como se comenta-  entre varias personas fue cuidadosamente elaborada durante algunas horas. Alguien con una buena intuición sicológica -aunque no académica- logró tanto daño con tantas pocas mentiras. El resultado electoral de mi Partido fue anticipado en esa titulación de la que se sentiría honrado por su autoría Joseph Paul Goebbels en su Der Angriff (El ataque).

19.  A los efectos de ilustrar el estado de ánimo de la sociedad uruguaya y su especial sensibilidad ante las campañas difamatorias como la perpetrada contra mi honor y carrera política por el medio "El Telégrafo" confiando en fuentes policiales y personas interesadas en que no se divulgaran sus hechos ilícitos, transcribir lo sostenido por el politólogo Oscar Botinelli en el programa de Radio "El Espectador" "En Perspectiva" el viernes 16 de junio a las 09:20 horas bajo el título: "Culpable por sospecha". - "Es el título de un famoso film sobre las persecuciones en la época del macarthismo, sobre todo en Hollywood, sobre actores, guionistas, en el que tiene un papel central un destacado autor de novelas policiales.

Todos sabemos que cuando se denuncia algo en un medio de comunicación, "Fulano está acusado de haber hecho una adjudicación ilícita" o de estar acomodado en una compra o de robar, después todos los tribunales del mundo pueden establecer sobreseimientos que van a dar lugar a que un segmento de la población piense: "Si se dijo, algo habrá". La mera sospecha de algo que involucre a alguien -de repente ni siquiera lo involucra como protagonista- crea una imagen de culpabilidad desde el punto de vista social.

En nuestro país ese tema apareció con mucha fuerza en los últimos años. Se ha dado casos de actores políticos contra actores políticos, de prensa contra actores políticos y, en la última campaña municipal, en muy buena parte de los 19 departamentos las campañas estuvieron centradas en acusaciones cruzadas entre candidatos por actos éticamente condenables o directamente ilícitos y penalmente condenables.

Tenemos por un lado la forma en que se está extendiendo en Uruguay la realización de denuncias que luego no se pueden demostrar y queda una sospecha o una sombra de culpabilidad. En los últimos años ha habido algunos casos sonados, algún ministro fue aludido reiteradamente pero nunca apareció ningún tipo de pruebas o indicios que probaran las acusaciones formuladas.

Esto es manejado también en relación a las crónicas policiales: "apareció el asesino", "el asesino declara ante el juez" o títulos insólitos como "el juez liberó al asesino". Está liberando a una persona acusada y, si lo hace, es porque la acusación no era correcta o no había ninguna prueba. El diario lo condenó y el juez lo libera, pero sigue condenado por el diario. Además, un individuo puede ser procesado sin que esto implique culpabilidad. El procesamiento implica presunción de culpabilidad; un año después el caso queda sobreseído pero la noticia no sale en ningún lado o, con suerte, sale en una letra chiquita que contrasta con un titular a toda página. El ejemplo también es válido para la televisión y la radio, no es que la prensa sea la única culpable.

La sociedad uruguaya tiene que reflexionar sobre el tema de la necesidad de las investigaciones, debe tener cuidado con los ocultamientos, pero por otro lado con la facilidad de denuncias sin que haya contraparte de responsabilidad. Repito que no me estoy refiriendo a ninguna parte de este caso concreto, entre otras cosas porque tendría que aclarar a qué denuncia estaría haciendo referencia, porque todo el mundo ha denunciado a todo el mundo. Me refiero al tema en general.

Creo que es un momento oportuno para analizar un tema que lleva a que muchas víctimas después se transformen en victimarios: hoy denuncian, mañana son denunciados... Ha pasado con actores políticos que hoy denuncian y mañana son denunciados en la prensa, etcétera. El problema es que realmente se genera una culpabilidad. Si analizamos las conclusiones judiciales de la catarata de denuncias que hubo en Uruguay en los últimos cinco, ocho o 10 años, nos encontramos con que son ínfimas. Es verdad que ésta no es una única vara de medición, porque no todo lo que puede ser éticamente discutible es ilícito o delictivo".

20. LA IMPUNIDAD DE LOS DIFAMADORES. La Junta Departamental en Sesión de 20 de marzo del 2000 -Acta 723 que adjunto- no accedió a darse por ofendida por lo que radiqué la denuncia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno a cargo del Dr. Otto Gómez con fecha 28 de marzo del corriente en los mismos términos que la Moción transcripta. El 30 de marzo el Sr. Juez en lo Penal de 4º Turno se excusa de intervenir y pasa los Autos P/141/2000 a su subrogante. Recibido el 6 de abril en Presumarios se confiere Vista a la Sra. Fiscal Dra. Graciela Perazza Furlan quien en Vista 283 sostiene que la denuncia "no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 34 y 35 de la Ley 16.099 por lo cual podrá la Sede -de estimarlo pertinente- rechazarla de plano por los conceptos del inc.1 del art. 35 referido" el mismo día 6. Y en Auto Nº 145 y en mérito a la Vista Fiscal se pronuncia en iguales términos rechazando de plano la denuncia. Rechazada por "evidente falta de fundamento, desviación de los fines del proceso o defecto formal" la Señora Fiscal ya había rechazado la vía del presumario común por el delito de atentado, y asimismo rechaza la Difamación e Injurias por Ley de Prensa. Son dos rechazos, no uno. (Fotocopias de Actuaciones que adjunto). La denuncia de una prostituta que ingresa clandestinamente a una vivienda ajena moviliza treinta efectivos policiales y logra un procesamiento sin pruebas, las denuncias de un representante popular en ejercicio de su investidura y en nombre de su Partido y de dos mil quinientos ciudadanos del departamento se ignoran.

21.   ATENTADO Y DIFAMACIÓN POR EL COMANDO POLICIAL. Para finalizar e ilustrar debidamente a la Sede sobre el contexto de cinco años en el desempeño de mi función conviene examinar el Oficio 154/2000 de 7 de marzo del 2000 de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Paysandú que adjunto y dirigido al Señor Jefe de Policía Dr. Nicolás Podchibiakin por el Señor Director de Investigaciones Comisario Inspector Nelson Mario Sandro, que adjunto, actuaciones urgidas por el Señor Ministro del Interior referentes a crímenes sin aclarar en el Departamento,  Asunto 1826. 

a. PESQUISAS ILEGALES Y ATENTADO. "Por medio del presente informo a usted que el Señor Edizon Gustavo Elizondo Viñoli (Sic) es una persona que desde hace unos ocho a diez años a la fecha ha ido decayendo..." comienza el Informe y a la vuelta va al fondo "el bar (La Morocha) no estaba habilitado por la I. M. P. Lo cual desconoce la policía ya que no se incluye en el Decreto 422/80 de Wiskerías y Pub. Etc,  siendo los bares de competencia Municipal, pero él si podía tener conocimiento, no obstante concurría al mismo". Es de precisar que aparece siempre el mismo problema: "La Morocha" era un local inhabilitable con horario de funcionamiento corrido hasta las nueve, diez y once de la mañana, que había sido comunicada su inhabilitación el lunes 15 y recibida en la Seccional 2º el martes 16 de noviermbre de 1999 a la hora 15. La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué la Jefatura de Policía de Paysandú mantenía abiertos locales inhabilitados por la Intendencia y porqué en todos ellos había prostitución clandestina y sospechas de venta de estupefacientes?. Denuncié estos hechos al Señor Jefe de Policía Dr. Nicolás Pochibiakin el 24 de noviembre de 1999, denuncia que adjunto, y no he recibido respuestas. Tenga presente la Sede lo dispuesto por el art. 22 de la Constitución de la República sobre abolición de las pesquisas secretas.

b. DIFAMACIÓN. El Crio. Insp. Nelson M. Sandro me vuelve a acusar de proxenetismo -delito de convicción moral,  inexcarcelable, muy conveniente para una larga proscripción-  a pesar que la propia menor hubiera negado en Autos S/26/2000 de Penal 4º que me daba dinero y a pesar de estar presionada.

c. MEDIOS DE VIDA.  Aquí es conveniente dejar constancia que tengo una empresa agropecuaria legal con certificados en base a Declaraciones Impositivas con ingresos de u$s 2.100 dolares mensuales y que en los últimos diez años la empresa tuvo un movimiento económico de más de u$s 700.000 dólares, y aún cuanto no ejerza la profesión, esa suma me es satisfactoria para la calidad de vida que necesito. El cargo de Edil es honorario y con vehículos de mi propiedad recorrí 60.000 kilómetros por convocatorias de la Junta hasta el año 1998, lo que a un valor de u$s  0,25  por kilómetro da u$s 15.000 dólares aportados de mi bolsillo al cargo por el sólo concepto de desgaste y amortización de vehículos propios.

d. RENUNCIA ANTICIPADA POR LA POLICÍA. El Crio.Inspector Nelson Mario Sandro reconoce el atentado, art. 171 Código Penal,  "Posteriormente sesiona la Junta Departamental y ante varias publicaciones de prensa el Edil renunció a su cargo estando en la Cárcel". Es sorprendente que al tercer día de mi prisión ya adelanta mi renuncia y cabe preguntarse ¿videncia ó plan conspirativo?. A los quince días de mi  prisión  concurren a visitarme los Sres. Ediles Walter Verri, empleado de Aduanas, (en representación de la candidatura Belvisi según afirma) y el compañero político de la Sra. "Chela" Viola el Edil Juan Antonio Oberti, empleado de C.A.R.U. (en representación de la candidatura Laborda según afirma e integrante de la Comisión de Legislación de la Junta que regularizó los fraccionamientos ilícitos del Sr. Bell esposo de Viola) y me solicitan mi renuncia al cargo, cosa que me negué a realizar dada mi inocencia. ¿Videncia ó enunciación de plan conspirativo de una asociación para delinquir la afirmación al Señor Ministro del Interior del Crio. Inspector Sandro?. Cómo en los deseos del Señor Crio. Inspector se combinan policía, prensa y renuncia a mi cargo. Además, le miente al Señor Ministro: afirma que renuncié y no lo hice. Al finalizar incursiona ya dentro del delito de atentado al evaluar "A nuestro juicio malentendió la función que desempeñaba, además en la propia Junta Departamental estaba contra su propia bancada, haciendo comentarios en la prensa cada vez que se oponía a otras mociones". ¿Denunciar estafas inmobiliarias es punible, denunciar crímenes sin aclarar lo es, denunciar locales clandestinos de prostitución y drogas es punible, denunciar políticos que encubren a estafadores es punible?. ¿El examinador de mi gestión como representante popular es un policía?. En el sistema democrático republicano representativo son graves estas evaluaciones de funcionarios no electivos respecto de representantes populares, más cuando estos funcionarios han sido ineficientes en la aclaración de homicidios que mis mandantes exigen. Siempre estuve vigilante sobre la politización de la Policía y sobre los dos indicadores de posible corrupción policial: la existencia de casos de homicidios o suicidios no esclarecidos y la connivencia con el tráfico de drogas protegido (en la jerga, habilitar "bocas" de venta). Asimismo parece paradojal la afirmación de proxenetismo hacía mí respecto de una testigo clave en el homicidio Claudia De Los Santos, la menor Luciana Macchín, quien afirma haber visto a un policía conversando con la después occisa en el balneario,  horas antes de la muerte de ésta,  cosa que él omite informar al Señor Ministro en su Informe.

e. En el Oficio el Crio. Inspector  confiesa haberme vigilado por más de trece años, desde 1988 en adelante, interrogó en varias oportunidades a mi ex novia M. C. D. V., ignora mi preparación académica y mi autoridad democrática a pesar de que a él no lo eligen los que le pagan el sueldo y a mí sí, vilipendia mis funciones y mis obligaciones legales, no parece querer enterarse que tengo un establecimiento agropecuario que me permite una adecuada calidad de vida,  oculta al Juez de la causa Lesiones que cuando fui detenido estaba en poder de valores al cobro y efectivo por u$s 700,  se aprovecha el caso Lesiones para revisar íntegramente mi maletín donde se encontraban documentos políticos reservados de mi Partido,  me acusa de un insólito proxenetismo contra pruebas ya recabadas en Sede Judicial que lo niegan (fs. 18 y ss S/26/2000 del Juzgado Letrado 4º Turno)  incurriendo en terrorismo de Estado en palabras del Señor Ministro de Interior Esc. Guillermo Stirling al acusar sin pruebas, como en reciente caso Rivero.

22. LAS MAFFIAS SE DEFENDIERON. La función de representante popular es difícil y lleva a enfrentarse con poderosos intereses. A los estafadores de cuello blanco les incomoda un Edil Abogado que conozca y aplique la Ley 15.452 de Centros poblados, a algunos policías, mínima minoría, les incomoda un Edil que conoce todas las capas sociales y puede llegar a enterarse de cosas. Primero es la difamación por lo bajo,  para provocar el descrédito popular,  pero si esto no funciona,  es a todo bombo y por la prensa esclava,  más si es un Edil que en cinco años fue ratificado tres veces en su cargo: cuando fui electo por la lista individualmente más votada del Departamento,  en el Plebiscito de 1996 cuando coincidí con las mayorías electorales del Departamento en el No a la Reforma Constitucional y en 1999 cuando solitario en abril en la Junta Departamental apoyé al actual Presidente de la República y luego fui acompañado en mi primera decisión por más de los dos tercios de la Junta Departamental en apoyar a un mismo candidato en la segunda vuelta electoral de noviembre. En mayo no se me permitió presentarme en elecciones libres,  maniobra goebbeliana mediante.

B. DERECHO.

 El numeral 29º del artículo 19 de la Ley 9.515 sancionada el 28 de octubre de 1935 fija las obligaciones funcionales de los Señores Ediles: "Velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del Departamento; A)  ejercitando la acción judicial pertinente a fin de hacer efectivos los arts. 16 y 17 de la Constitución,  B)  reclamando ante los poderes públicos la observancia de las leyes tutelares de aquellos derechos". En el Numeral 34º del mismo artículo se fijan asimismo como obligación de la Junta Departamental "Reglamentar los espectáculos públicos, velando especialmente por todo lo que haga referencia con la cultura, moral, decoro y orden en el desarrollo de los mismos, así como en lo referente a la higiene, seguridad y comodidad de sus locales, sin perjuicio de lo dispuesto en los Código Penal y del Niño".

Los arts. 16 de la Constitución de la República establece el debido proceso legal y el art. 17 reglamenta el recurso de "habeas corpus". Toda la doctrina acerca de los fundamentos de la democracia republicana representativa habilita a los representantes populares a velar por los derechos humanos de sus mandantes, a fin de evitar dictaduras corporativistas. He ejercido mis funciones entendiendo que también estaba obligado a hacer cumplir la legislación humanitaria internacional, tal como lo resolviera la Comunidad de Naciones en el 50ª. Aniversario de la Declaración Universal.

En el caso de las estafas inmobiliarias y su presunto encubrimiento es de aplicación el art. 177 del Código Penal "Omisión de los funcionarios en proceder o denunciar los delitos". Por "repartición" es este caso debe entenderse el perjuicio económico causado al Gobierno Departamental de Paysandú por los estafadores que no tributaron y por los funcionarios que no aplicaron la Ley 15.452 que perjudicaron las finanzas departamentales en el 50% de los ingresos ilegales de los fraccionadores en los Barrios "Obreros Unidos" y "Solari".

POR TODO LO EXPUESTO DEL SEÑOR JUEZ SOLICITO:

1.  Que se me tenga por presentado en mi investidura de Edil Departamental, ampliada la denuncia inicial,  por denunciadas las estafas inmobiliarias comunicadas a la Junta Departamental por el Senado de la República, y por constituído el domicilio.

2. Que se investiguen los siguientes núcleos de intereses ilícitos: a) funcionarios policiales;  b)  estafadores con bienes inmuebles,  c)  políticos encubridores de estafadores con bienes inmuebles.

3. Que en el ejercicio de mis funciones como Edil Departamental pongo en conocimiento de la Sede la denuncia penal presentada por el Senado de la República para ante la Junta Departamental referente a estafas contra familias en los Barrios Obreros Unidos y Solari, requiriéndose de ésta todos los antecedentes del caso, en los términos del art. 177 del Código Penal.

4. Que la Sede como primera medida identifique a los integrantes de las mencionadas Sociedades Anónimas "Yarly" y "Cerezos" mediante citación al Asesor Letrado de la Intendencia Dr. Horacio de los Santos para que informe quién solicitó la regularización del Barrio "Obreros Unidos"  y a los Escribanos Actuantes y proceda en los términos de la Ley 15.452.

5. Queda solicitada la excusación del Ministerio Público de oficio si -por situaciones que desconozco- existieran hipótesis previstas legalmente respecto de los funcionarios policiales, funcionarios públicos electivos ó integrantes de las Sociedades Anónimas "Yarly" y "Cerezos".

6. Adjunto como Anexo A el Asunto 1826 del Ministerio del Interior,  que me fuera remitido oportunamente por ésta Secretaría de Estado,  conteniendo Oficio C/003/2000 del entonces Señor Jefe de Policía Dr. Nicolás Podchibiakin al Señor Ministro del Interior; Oficio 154/2000 del Crio.Inspector Nelson M. Sandro al entonces Jefe de Policía;  Oficio 054/2000 del mismo Crio.Inspector Nelson M. Sandro al entonces Jefe Dr. Podchibiakin;  como Anexo B comunicación del Señor Presidente del Senado de la República Dn. Luis Hierro de las palabras de la Senadora Marina Arismendi sobre estafas en Paysandú por la firma Cerezos SA dirigido a la Junta Departamental de Paysandú; como Anexo C Expediente sobre Yarly SA que consta de 17 hojas con transcripción de Acta, Oficio Nº 706/99 del Intendente Esc. Alvaro Lamas con el Informe de Asesoría Letrada Nº 460/99 que prueba la negativa del Asesor Letrado de la Intendencia de aplicar la Ley 15.452;  consultas al Instituto de Derecho Municipal de la Facultad de Derecho de Punta del Este;  trascripción del Decreto Nº 3444/99 de la Junta Departamental ordenando denunciar a la Intendencia;  informe de la Comisión de Legislación de la Junta en el mismo sentido y otros antecedentes;  y la Resolución 497/99 reordenando a la Intendencia denunciar;  como Anexo D Acta 723 de la Junta Departamental sobre atentado cometido por medio "El Telégrafo";  como Anexo E Acta 727 de la Junta denuncia del Senado sobre estafas inmuebles en Paysandú;  como Anexo F denuncia presentada por mí el 24 de noviembre de 1999 ante el Jefe de Policía de Paysandú y no sustanciada por éste;  y como Anexo G Moción presentada por mí el 6 de diciembre de 1999 ante la Junta "Facultar a la Mesa a entrevistarse con la Suprema Corte de Justicia y el Sr. Ministro del Interior sobre el tema Seguridad Pública y Jurídica".

  Dr. Edison Gustavo Elizondo Viñoly. Matrícula 4266·

Presentada el 22 de Junio 2000 Penal 2º Paysandú.

impunidad: archivada y acusados impunes