La página de un americano,  latino, uruguayo,  sanducero,  batllista y libertario

Actualización Martes, 11 Octubre 2005

Vázquez amnistía a forestadoras en Uruguay.

Por un nuevo decreto la Administración Vázquez eliminó la exigencia de estudios de impacto ambiental para la forestación por lo que la afectación que producen un millón de hectáreas implantadas con monocultivos sobre suelos, napas freáticas, salud, flora, fauna y cultura durante casi dos décadas no se sabrá, por lo menos, oficialmente.

Además de subsidios estatales que ya superan los quinientos millones de dólares, las forestadoras ahora tienen el perdón ambiental. Derogando el Decreto 100/2005 que les exigía estudios de impacto ambiental a las "implantaciones forestales de más de cien hectáreas" la Administración Vázquez ahora sólo lo exige para las "nuevas" implantaciones y siempre que estén "en un establecimiento o unidad de producción". Se blanquean las tropelías ambientales cometidas desde la vigencia de la Ley Forestal en 1987, al impedirse la posibilidad de evaluar los impactos ambientales ocasionados por el millón de hectáreas ya plantadas hasta la fecha, y se abre la vía para que las forestadoras implanten miles de hectáreas más con tal que lo hagan en muchas "unidades de producción" distintas con lo que estarán exentas de la regulación ambiental que las obligaría a evaluar, mitigar y eventualmente reparar los perjuicios ocasionados al medio ambiente y a terceros.
Esta es la principal modificación a la anterior regulación aprobada dos días antes de dejar el gobierno por Batlle Ibáñez quien se despidió con un desplante hacia las forestadoras: el Decreto 100/2005 Reglamento de Impacto Ambiental que contenía rígidas exigencias, entre otras, la obligación de realizar un estudio de impacto. El lobby técnico que asesora a las empresas previno que estudios de impacto ambiental negativos sobre los actuales bosques serían un cheque en blanco en manos de terceros perjudicados e incitarían a juicios de reparación patrimonial.
La nueva Administración Vázquez y su Ministro de Medio Ambiente Mariano Arana sólo se tomó 21 días para "suspender la vigencia por 180 días" del considerado malicioso Decreto. Con la aprobación, el 21 de setiembre último pero informado días después, con vigencia inmediata a la firma -cosa absolutamente infrecuente en derecho- del nuevo REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES no sólo lo derogó, sino que más bien lo erradicó del mundo jurídico porque establece plazos de 90 días para algunas de las nuevas disposiciones pero, para que no rija el derogado, le concede nueva vigencia a una regulación de 1994, obviamente más permisiva.
 

El nuevo Reglamento es una mala copia, textual en un 90%, y “lavada” del anterior, suavizada hasta llegar en algunos casos a la irrelevancia jurídica del subterfugio obvio. Muchas taperas abandonadas por el avance forestal van a pasar a ser centros de "unidades de producción" de menos de cien hectáreas, para evitar la regulación.
A las "explotaciones hortícolas, frutícolas o vitícolas" también se les proporciona el subterfugio de exonerarlas del estudio si la superficie se divide en varias "unidades de producción" distintas, pero la novedad es que se les exige estudios a la instalación de "cementerios, sean públicos o privados", y se elimina la anterior exigencia de publicar en internet "el certificado de clasificación ambiental", "el Informe Ambiental Resumen” y “el estudio de impacto ambiental completo con la sola exclusión de aquella documentación que se hubiere considerado que constituye secreto comercial o industrial", en un inesperado giro al secretismo burocrático.
Durante el primer gobierno de la restauración democrática, 1985 - 1990, tanto Sanguinetti como su canciller Enrique Iglesias alentaron la inversión en forestación, particularmente de capitales españoles del Grupo ENCE, ligados a la Caixa de Galicia y al falangista Manuel Fraga Iribarne, luego Presidente de la Xunta. Mediante fuertes subsidios estatales con exoneraciones impositivas totales, la superficie forestal fue desalojando a productores de ovinos que explotaban pequeños campos de basalto, -otrora un dolor de cabeza para los gobiernos por sus reivindicaciones gremiales- que pasaron a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, emigrando muchos. Esta política apoyada por el BID y el FMI fue continuada durante las Administraciones de Lacalle, la siguiente de Sanguinetti, la de Batlle Ibáñez y ahora continuada por Vázquez. La continuación de políticas de cambio fijo, "tablitas", significaron impuestos cambiarios al capital nacional lo que unido al sobreendeudamiento, liquidó al mediano inversor nacional dando paso a las forestadoras, mayoritariamente extranjeras y subsidiadas, quienes ya poseen un millón de hectáreas en producción, pero se estima necesiten el triple. En forestación, como se aprecia, no hay izquierda ni derecha, hay dólares, y cueste lo que cueste.
 

mientras la Comisión Interamericana lo emplazó en treinta días para estar a derecho

RÍGIDAS EXIGENCIAS AMBIENTALES RECOBRAN VIGENCIA

Recobró vigencia desde el 21 de setiembre de 2005 el Decreto N° 100/2005 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental que fuera suspendido a instancias del Ministro Mariano Arana por 180 días al inicio de la Administración Vázquez.

Arana, Ministro de Medio Ambiente, fundado en que "ii) la aplicación inmediata de lo previsto en el D.100/2005 podría significar un enlentecimiento en la realización de actividades o ejecución de construcción u obras que no estaban comprendidas dentro del ambito de aplicación del Decreto" amparó a las transnacionales de la celulosa Metsa Botnia y ENCE cuyos proyectos de impacto ambiental no cumplían con las más rígidas exigencias de este decreto del gobierno Batlle.

Este decreto ahora requiere "audiencia pública" para autorizar "Artículo 2° 9) Construcción de plantas de tratamiento y disposición final de residuos tóxicos y peligrosos, 20) Construcción o ampliación de zonas francas, 28) Implantaciones forestales de más de 100 (cien) hectáreas". Las celulosas a instalarse carecen de un "encuadre general macroambiental" exigido por este decreto dado que los proyectos presentados son individuales y no registran los efectos acumulados de los dos en la zona de Fray Bentos, departamento de Rio Negro.

Los proyectos presentados asimismo carecen de estudio de impacto sobre "a) Ambiente geo-físico-químico: agua, suelo, paisaje, etc. b) Ambiente biótico: fauna, flora, biota acuática, etc. c) Ambiente antrópico: población, actividades, usos del suelo, sitios de interés histórico y cultural, etc.".

También exige que "Durante el período del manifiesto también se pondrá a disposición del público en la página de Internet de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el estudio de impacto ambiental completo con la sola exclusión de aquella documentación que se hubiere considerado que constituye secreto comercial o industrial".

Esta es otra dificultad adicional para el Ministro Arana dado que ni aún con orden judicial el Fiscal uruguayo Enrique Viana ha logrado que el Ministro acerque una copia de los estudios presentados por las papeleras al Juzgado interviniente para fundamentar su decisión de autorizar la instalación de las controvertidas papeleras.

La renovada vigencia de este decreto será un nuevo dolor de cabeza para la Administración Vazquez que -además del juicio que le sigue el Fiscal Viana- también se encuentra internacionalmente demandada por la Gobernación de Entre Ríos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, quien le dió 30 días al estado uruguayo para que conteste la demanda .

Este decreto exige que sólo "se considerarán admisibles aquellos impactos negativos que no provoquen contaminación, depredación o destrucción del medio ambiente", lo cual será tenido en cuenta en el dictamen de la CIDH. "Cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y .Medio Ambiente considerare que del proyecto se derivarían impactos ambientales residuales negativos no admisibles, deberá rechazar la solicitud de autorización" le ordena el Decreto al Ministro Arana, quien según la legislación vigente compromete su responsabilidad civil y penal en sus decisiones en caso de actuar con dolo, culpa grave, negligencia, abuso, desviación, y/o arbitrariedad en el uso del poder.

Para complicar aún más el escenario, la papelera número uno en el mundo, la sueca finlandesa Stora Enso anunció una planta sobre el Rio Negro, en el centro del país. En las últimas horas se conoció que la española ENCE recurrirá a los mercados para un nuevo canje accionario que le permita concretar su inversión sin depender de los préstamos del Banco Mundial, préstamos que han sido objetados por Argentina en su condición de país limítrofe afectado por las obras.

La Administración Vázquez, ya muy complicada por el desdén militar en cumplir con sus exigencias en materia de derechos humanos, e intentando aprobar un "Presupuesto a lo Domingo Cavallo" según el ex Ministro Alfie, ha visto cómo se le diversifican los frentes diplomáticos sobre todo con la Argentina y EEUU, aunque cuenta con el apoyo de España, Brasil y la Colombia de Uribe.

Según informa la radio "El Espectador" de Montevideo en su sitio web la vicecanciller Belela Herrera habría desconocido la legislación interamericana derivada de las Convenciones Interamericanas suscritas en el seno de la Organización de los Estados Americanos al evaluar la demanda que el Gobernador de Entre Ríos presentó ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos.

Según el sitio la vicecanciller Belela Herrera coincide con un "experto" en Derecho Internacional Público -Heber Arbuet Vignali- que insólitamente sostiene que "Además, dijo que el sistema interamericano es intergubernamental y que ni Uruguay ni Argentina pertenecen a un sistema de protección de derechos humanos que tenga algún viso de supranacionalidad. Por ello, no se pueden ejecutar las decisiones que tome cualquier organismo en el país que sea condenado".

Esta postura oficial, además de sorpresiva, es altamente preocupante, debido a que puede significar no sólo el aislamiento internacional del Uruguay en el contexto jurídico interamericano. El Uruguay siempre aceptó la legalidad interamericana y nunca expresó reservas sobre sus obligaciones para con la OEA y con sus miembros y ha suscrito la mayoría de sus convenciones.

Radio "El Espectador" es un medio muy vinculado al Partido Nacional, y particularmente a los sectores falangistas del "Herrerismo", sector encabezado por Luis Alberto Lacalle.

Este sector, conjuntamente con el sector del coloradismo autoritario del ex - Presidente Julio María Sanguinetti Coirolo en 1987 ambientaron las inversiones extranjeras en forestación y papeleras impulsadas por el Presidente de la Xunta

Los negocios con la estatal FOCOEX española durante el gobierno Lacalle (1990-1995) resultaron en un escándalo mayúsculo de corrupción en 1995.

Voceros de la Masonería española en Uruguay han sido los constantes defensores de las inversiones consideradas "altamente contaminantes" de España y Finlandia, además de políticos uruguayos vinculados al PSOE y al PP de la monarquía Borbón, algunos de ellos, ex funcionarios de estos partidos durante su exilio de la Dictadura Cívico Militar 1973 1985.

El "Caso Aguirre" es un caso en que "un abogado sostiene la teoría del suicidio y el arma no aparece",  "único caso en el mundo", como que "si un tipo se ahorcara y la piola no apareciera", es la contestación -en su sección Dialoguitos- que el semanario "Tres Pintos" que se edita en Paysandú, N° 61, tiene para el Dr. Raúl Y. Oxandabarat, Director de la División Comunicacional de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, quien el 7 de setiembre había enviado una carta al semanario sobre el "Caso Aguirre", un caso que aún conmociona a Paysandú.

El Comisario Carlos Delmiro Aguirre desapareció a las 7 y cinco de la mañana del 10 de julio de 2001 encontrándoselo muerto el 19 en aguas del Arroyo Negro, en Paysandú. Subjefe de la sección de Investigaciones de la Jefatura local, y encargado de Prensa de la misma al momento de su muerte, Aguirre había hecho carrera durante la gestión de Nicolás Podchibiakin 1995 - 2000 en la Jefatura.

Periodista policial y deportivo de diario "El Telégrafo" de Paysandú dirigido por Fernando Baccaro, TV Río Canal 3 del empresario Mario Macri y policía, su caso fue archivado como "suicidio" el 13 de noviembre de 2001 por el Juez Pedro Salazar. Desarchivado a pedido de dos familiares, en enero de 2002, una nueva pericia forense de Guido Berro concluye en la hipótesis de homicidio, oponiéndose a la anterior de Alberto Zinno que se inclinaba por el suicidio. Lo que desmorona toda la hipótesis de los juzgados de Paysandú es que el arma de reglamento de la cual partió el disparo nunca fue hallada, pero sí una calibre 22, según Oxandabarat leyendo el expediente "empuñó con la diestra".

Por pedido del Fiscal Carlos Negro la jueza María Helena Mainard de 4° Turno ordenó el segundo archivo del expediente el 18 de julio, a pesar de las denuncias del Semanario "Tres Puntos".

Oxandabarat se agravia de las inquietudes del Semanario y rechaza la hipótesis de "encubrimiento" en el caso de la jueza Dolores Sánchez "en razón de una relación afectiva que mantendría la magistrada con un jerarca policial (Comisario de Investigaciones Abrahams) que estaría involucrado en el caso".

Oxandabarat pide la publicación y reseña "la labor desarrollada por el Poder Judicial en este caso".

El entonces Sub Comisario y subjefe de Investigaciones Carlos Delmiro Aguirre fue denunciado por el autor de esta web el 22 de junio del 2000 por "Atentado", "Difamación e Injurias" entre otros cargos, y ya antes, el 24 de noviembre de 1999, en lo que fue prácticamente un intento de homicidio cometido por funcionarios policiales y una persona con antecedentes penales, quedando impunes estas denuncias debido a la omisión fiscal. Véase.

comentarios                      

por una sociedad con leyes

pero sin autoridades