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Sábado, 28 de Septiembre de 2002   Actualizado a las 04:44

Principios de la Reforma Constitucional propuesta

Se reafirma a texto expreso que la organización política de un territorio tiene por único objetivo asegurar la plenitud de los derechos humanos de quienes allí residan, artículos. 1 y 7., derechos que son preexistentes a su participación en la asociación política Estado. Las tesis de la dominación de unos sobre otros quedan abolidas: destino manifiesto (nazi fascistas),  expropiación de los expropiadores (comunista), supersticiones nacionalistas donde dominan los patricios (oligarquía burocrática  autoritaria), la pura dominación de los beneficiarios del Estado (camarillas del privilegio al estilo europeístas francmasones), etc. 

Artículo 1º.- La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio constituidos para lograr la plenitud de sus derechos humanos.

 

Se establece la República,  artículo 4, y se reserva el término de Nación para la amplia unión que querían los Libertadores de América Simón Bolívar, San Martín y José Artigas.

 

Artículo 4º.-La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la República, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.

 

Se establece que la búsqueda de la felicidad es uno de los derechos humanos básicos,  artículo  7, descartándose las tesis transpersonalistas de la organización del Estado y centrando en el individuo el objetivo final de la asociación política. Unidad en la diversidad sin dominación espiritual ni dictaduras emocionales "oficiales".

 

Artículo 7º.- Los derechos humanos tal como son definidos por el Derecho Internacional Positivo son preexistentes a la constitución del Estado. Así, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de sus derechos humanos  tales como la vida,  el honor, la  libertad,  seguridad,  trabajo, propiedad y la búsqueda de la felicidad. Nadie puede ser privado de estos derechos y sólo podrán ser limitados conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.

Se establece definitivamente la igualdad de derechos entre las personas jurídicas de Derecho Público y las de Derecho Privado, poniendo fin a tesis autoritarias que siempre legislan que la persona Estado tiene la supremacía jurídica sobre las demás personas. Ejemplo de relevancia: a) eliminación de la tesis de los "poderes autónomos" del Poder Ejecutivo; b) eliminación del solve et repete en Derecho Administrativo; organismos reguladores estatales y paraestatales que son jueces y partes, etc.

Artículo 8º.-Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Así el Estado, los Gobiernos, las empresas públicas o privadas y los intereses corporativos no tendrán privilegio alguno en los procedimientos para ejercer sus competencias por sobre los que detentan las personas físicas.

Se pone límite al endeudamiento externo e interno del Estado a los efectos de evitar la actual explotación generacional. Las generaciones que gobernaron endeudaron a las nuevas generaciones en el 214% del PBI sólo con el sistema de previsión social, y con el Estado los endeudaron en el 113% del PBI con deuda externa, lo cual da más de tres veces el PBI que es superior al total de los bienes económicos que se heredan a las nuevas generaciones. (véase "Jóvenes heredaran deudas").

Artículo 9º.-El Estado no podrá asumir deudas a largo plazo que superen la mitad del valor  total de los activos económicos y que graven el trabajo y limiten los derechos de las futuras generaciones.

Se democratiza el proceso penal exigiéndose integralmente las garantías del debido proceso a fin de dar  término a la actual legislación dictatorial del procesamiento con pruebas policiales en ausencia de contralor del Defensor, artículos 12 y siguientes, quitando legitimidad a los Códigos del Proceso Penal como el vigente que fue diseñado como eje represivo de la disidencia política del régimen de la Dictadura Militar 1973 1984, que aún se mantiene en vigencia por la partidocracia autoritaria monárquica de la "Restauración Democrática", (1985 - actualidad).

Artículo 16.- El Juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su Defensor. Este tendrá el derecho de asistir a todas las diligencias realizando contraprueba de urgencia ante la acusación del Fiscal o querellante. La pruebas relevantes para fundar el procesamiento deberán ser recabadas con las garantías del debido proceso.

 

Se establece el derecho de querellar  en materia penal a los ciudadanos a fin de terminar con el monopolio de la acusación fiscal que es -en los hechos al ser nombrados los fiscales por el gobierno- carta de impunidad para los cortesanos del régimen,  artículo 22. En el Uruguay de hoy ninguna denuncia de los ciudadanos contra gobernantes por corrupción ha prosperado porque los fiscales temen encarcelar a quienes los designaron en el cargo,  obviamente. (véase "Las Brujas de Salem y el Código del Proceso Penal"). Las sociedades secretas como la Masonería y Opus Dei tienen un instrumento para sus persecuciones y encubrimientos al ocupar la posición del Fiscal de Corte y cooptar a los y las Fiscales del régimen.(Ej. Oscar Peri Valdez).

 

Artículo 22.- Todo juicio criminal empezará por acusación de parte, querella de ciudadano o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas.

Se persigue el parasitismo como conducta especialmente grave a los efectos de la convivencia civilizada. En el artículo 36 se establece el principio general:  En ningún caso la ley legitimará el disfrute de bienes producto del trabajo ajeno,   a los efectos de erradicar las conductas confiscatorias de camarillas privilegiadas enquistadas en el Estado quienes creen poder vivir mantenidos por el resto de la sociedad sin aportar alguna actividad útil a la prosperidad general. Las famosas "jubilaciones en edad activa" ó "ñoquis" y los "jubilados de privilegio" (artículo 5° de la Ley 15.900) que en el Uruguay de hoy se llevan uno de cada tres pesos que paga en impuestos la comunidad al Estado. Es un límite al Parlamento y su tendencia de transferir recursos entre sectores económicos e impedirá la formación de nuevas camarillas privilegiadas que en defensa de sus prebendas llegan a extremos violentistas y criminales.

Artículo 36.- Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita y será garantizado el goce del fruto económico de su trabajo, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. En ningún caso la ley legitimará el disfrute de bienes producto del trabajo ajeno.

Se reconoce la libertad de la madre para interrumpir su embarazo,  artículo 42, poniéndose fin al siniestro mercado negro de los abortos clandestinos que en el Uruguay es un negocio de millones de dólares explotados por algunos funcionarios judiciales y policiales corruptos. Se reconocen los derechos del padre a presentar el caso ante la justicia a fin de disuadir tal voluntad de la madre y se establece la obligación del Estado de informar y garantizar el bienestar futuro de la madre y su hijo en caso de oponerse a la interrupción del embarazo.

  Se elimina por  fascista la obligación del Estado de "perfeccionar" a los ciudadanos.  "¿Acaso puede presumirse que los que mandan sean moralmente superiores a los que deben obedecer?". "Ya que, como hemos visto, ella presupone que hombres y mujeres que deben acudir al Estado para que les señale el camino de la virtud, para que les aloje y les vista y alimente (¿no debe acaso repartirles los empleos?), y tantas otras cosas más, serán con todo capaces de conservar la dignidad sin la cual no llegarán nunca cabalmente a ser hombres y mujeres libres". Ramón Díaz "El Observador" 1/8/1999 sobre el .          "Artículo 44.- El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes" de la Constitución vigente.

Se reconoce el derecho de la madre de dos ó más hijos a su cargo de exigirle judicialmente al Estado que le provea de una vivienda digna y decorosa, artículo 45. La vía judicial se establece a los efectos de terminar con la "industria de los pobres" de algunas burocracias departamentales y nacionales que se gastan en salarios y oficinas los fondos sociales destinados a vivienda.

El Estado y todas las personas jurídicas ya sean de derecho público o privado, además de los ciudadanos deberán reparar el perjuicio causado al medio ambiente,  artículo 47.

El ingreso a la función pública será únicamente por sorteo o concurso, artículo  58,  a los efectos de combatir el clientelismo, nepotismo y financiación social de las amantes y amigos políticos de los políticos. Se reconoce el derecho de los demás concursantes o sorteados de anular dicho nombramiento.

 Se equipara a los trabajadores del sector público y del sector privado, artículo 58 inciso 2º, para eliminar el concepto de estamento, casta o privilegios corporativos de aquellos que son financiados por los ciudadanos.

Se elimina la inamovilidad de los funcionarios públicos, artículo 60 inciso 2º, privilegio corporativo indeseable que ha terminado por minar las instituciones republicanas al favorecer la formación de camarillas que responden a sus propios intereses aún ilegalmente.

Los trabajadores que reciben su remuneración con cargo a fondos de impuestos y trabajen en los cometidos básicos del Estado serán protegidos por un Estatuto,  artículo 60 inciso 2., pero los demás se regirán por el derecho privado.

El fraude en la Seguridad Social pública o privada se persigue especialmente en los artículos  67 y siguientes.

Se prohíbe al Poder Legislativo incurrir en prácticas clientelísticas y corruptas inventando causales de retiro,  sumando años fictamente trabajados,  indexaciones de jubilaciones de privilegio que se terminan pagando con desnutrición infantil y confiscación estatal a los más pobres y otras corruptelas politiqueras que abundan en el Uruguay actual,  a los efectos de que los fondos de retiro y seguros de vida privados tengan un marco legal claro a salvo de los politiqueros y corruptos,  artículo 67 inciso 7º.

Se reconoce el derecho del voto de los menores de edad que será ejercido por el padre de su mismo sexo,  articulo 73 in fine, con el objetivo de evitar la explotación generacional hoy existente,  limitándose la incidencia de la gerontocracia gobernante.

Se baja de quince a tres años el derecho al sufragio de los extranjeros residentes, artículo 78, como medida para abrir la República a nuevas corrientes emigratorias y compensar la diáspora provocada por los saqueadores del Uruguay.

Se elimina el monopolio de los partidos políticos en la provisión de los cargos públicos electivos y se reconoce el derecho a ser elegible (artículo 77) de los independientes, -derecho inexistente hoy-  prescindiendo de la estructura de los partidos políticos y de su estructura gerontocrática y aherrojada que impide la renovación,  artículo  79. Constitución del Ecuador: "Podrán también presentarse como candidatos los ciudadanos no afiliados ni auspiciados por partidos políticos" artículo 98 inciso 2º. Néstor Ibarra, Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, lo propone para la Reforma Política argentina.

Se eliminan las formas de voluntad ficta del elector,  artículo 77 numeral 9º incisos 2 y 3,  la acumulación por lemas, sublemas  y las listas sábanas, cooperativas electorales y toda otra forma de interpretar la voluntad del elector. Se está a su voluntad expresada claramente en la urna electoral: papeletas con los nombres de ciudadanos que desea lo representen en tal cargo y sus suplentes,  sin sujeción a partidos,  organizaciones y otros intermediarios, aunque puede expresarlo si es su voluntad. Ya los partidos políticos no serán los intermediarios obligados a los cuales la sociedad tiene que recurrir para elegir sus gobernantes, ahora deberán competir con ciudadanos independientes, líderes gremiales apoyados por su gremio, etc.

Las leyes que establezcan tributos podrán ser derogadas por el recurso de referéndum, artículo 79,  no así las de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

Se establece claramente que el sistema que la República adopta para su gobierno es el democrático representativoartículo 82,  corrigiéndose uno de los peores defectos de las Constituciones anteriores, defecto que llegara a fundar  tesis autoritarias durante la Dictadura Militar 1973 1984.

Se reduce la Cámara de Representantes a cincuenta diputados, artículo 88. Al ser los Presidentes de las Juntas Departamentales los Senadores y al corresponderle a cada departamento una Banca en el Senado,  se reduce la necesidad de la representación departamental por los diputados ya que el interior está suficientemente representado por dieciocho Senadores más veinte diputados más doscientos cuarenta Ediles. Este tipo de organización federal del Senado es el único remedio efectivo al centralismo político que ha carcomido las energías útiles de la comunidad uruguaya dilapidando en vano clientelismo centralista el esfuerzo de todos, y significa un freno a la injerencia extranjera y especialmente extracontinental, de gobiernos, corporaciones, organizaciones fachadas de sectas esotéricas, ocultistas y secretas violentistas ó del poder teocrático que fueron las impulsoras de la Constitución Autoritaria de 1996 inspirada en Monarquías europeas.

Se transforma la Cámara de Senadores integrándola con los Presidentes en ejercicio de las Juntas Departamentales, artículo 94,  con el objeto de descentralizar la República y no seguir superponiendo dos cuerpos representativos idénticos. Los representantes populares serían cerca de cuatrocientos entre Legisladores Nacionales y Departamentales lo que para un país de tres millones de habitantes es suficiente. Al integrar su Presidente el Senado y siendo éste de designación de cada Junta Departamental se jerarquiza el cometido de los órganos colegiados de base territorial y se equilibra el desarrollo en las regiones, además de dar espacio político nacional  a pequeños partidos y agrupaciones de ciudadanos locales que hoy carecen ó son reprimidas y perseguidas en su expresión política.

Seguirán normas para evitar el atraso cambiario, o confiscación estatal del poder de compra de los ciudadanos mediante el dirigismo y autoritarismo económico al fijar precios de mercaderías como el dólar; normas para limitar la capacidad de emisión del Estado, y evitando la confiscación estatal mediante la indexación o inflación.

Los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados no podrán ser reelectos por más de un período a los efectos de evitar la profesionalización y el enquistamiiento en la política y la transformación de los partidos políticos en sociedades anónimas corporativas que terminan representando sus intereses de bolsillo y el de su entorno, persiguiendo a su disidencia democrática mediante persecuciones mafiosas, cuando no son la expresión de potencias extranjeras y terminan copados por sectas secretas. Es obvio que el copamiento que la Masonería y el Opus Dei realizaron del Partido Colorado fue el factor fundamental para su casi extinción actual.

 

El Poder Judicial es el primer poder en un Estado de Derecho. Una sociedad puede continuar desarrollándose sin un Presidente y aún sin Legisladores, pero no conserva sus libertades sin un Juez que les garantice sus derechos. Los hombres pueden ser gobernados sólo por sus leyes, pero no pueden ser gobernados sin sus leyes y menos aún, en contra de sus leyes. El Estado perfecto es el Estado sin autoridades, pero con ley. De ahí que se establezca la absoluta autonomía financiera del Poder Judicial, pero todos sus integrantes quedan sometidos a la revocatoria individual de mandato para evitar persecuciones sectarias en contra de los ciudadanos indefensos. Artículo 233.

 

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